En el contexto de la Ley de Economías Criminales, de la que tanto experto del tópico de turno ha hablado, es importante entender de qué va todo esto. ¿Realmente estamos claros en qué significa “economías criminales”? ¿Puede usted, mi querido lector, definir qué es la seguridad (término totalmente subjetivo)? ¿Ha habido una naturalización del crimen organizado en el paisaje de un país sangrante?
Hoy no quiero —ni voy— a opinar. En esta columna solo quiero aportarle algunos ángulos que le permitan crear su propio criterio, evaluar y entender mejor las posturas.
Las economías criminales, en todo el sentido de la palabra, funcionan como una gran empresa legalmente constituida: diversifican “inversión”, buscan “nichos de mercado”, buscan rentabilidad y se instalan donde puedan operar “con garantías”. La diferencia es que todo esto lo hacen en el terreno de la ilegalidad. Los grupos criminales entendieron mucho más rápido que el Estado que deben diversificar su actividad y, de una forma, especializarse en algo específico: tráfico, producción, repartición, etc. Entendieron que, para que exista rentabilidad, necesitan captar consumidores de su bien o servicio (porque sí, ellos también tienen esa dinámica).
El Estado y la sociedad en general deben “desnarcotizar” el concepto de economías criminales. Todos asumimos que se trata exclusivamente de narcotráfico, cuando en realidad la inversión criminal está también en la minería ilegal, el tráfico de armas, la explotación sexual, la trata de personas, la trata de migrantes, etc. Por ello, limitar y enfocar el combate solo con normativa punitiva y no preventiva, y en una sola área, está más que errado.
Existe un planteamiento de Marcelo Bergman, en su libro El negocio del crimen, sobre el “equilibrio de alta criminalidad” que domina en varios países de Latinoamérica. En él se explica que el desarrollo de la delincuencia como negocio, y la poca operatividad —incluso la complicidad— del Estado para contener el crecimiento de este “negocio”, hacen que sea totalmente difícil para las fuerzas de seguridad desmantelarlo. Esto explica el porqué del fracaso de algunos gobiernos para reducir la delincuencia.
Ecuador ha alcanzado tasas catastróficas de criminalidad. Las ganancias de este “negocio”, que comenzó con un incremento en delitos de poca monta, se extendieron a robos a gran escala, extorsión, secuestro, tráfico de personas y muertes que no han tenido precedentes. A esto se suma la debilidad e inoperancia de un sistema de justicia golpeado y contagiado por los beneficios de esta economía criminal, así como la tolerancia social al consumo de esta economía (como cuando se compran cosas robadas, por ejemplo), lo que abona el terreno perfecto para el crecimiento y fortalecimiento de una estructura criminal que ha metido sus tentáculos hasta lo más profundo del sistema.
Ahora, la pregunta que nos queda por resolver: ¿existe la verdadera voluntad política para cortar de raíz este mal? ¿La narcopolítica campante encontrará vacíos para impugnar la ley? ¿La improvisación en la norma que se plantea nos pasará factura?
Solo el tiempo nos lo dirá.
