La Constitución del 2026 ha demostrado madurez como paradigma de una nueva institucionalidad dentro del amplio marco de libertades y estructuras en lo jurídico, social, político y económico. En la flamante red institucional, los comicios del CNE no arrojan duda alguna sobre los ampliamente aceptados resultados. El soporte constitucional le ha permitido al país explotar racionalmente sus recursos y crecer a un promedio anual del 7.5% durante los últimos 12 años gracias a un EMBI inferior a los 50 puntos a lo largo de ese periodo. El desempleo es el 2% de la PEA, la deuda pública apenas el 4% del PIB de $300 millardos y el PGE de $100 millardos acarrea un marginal déficit.
La función judicial se ha fundamentado como un digno modelo de jurisprudencia con jueces probos y entrenados para impartir justicia sin intereses en conflicto al punto que el arbitraje internacional, opción constitucionalmente habilitada, ha sido escasamente utilizado. Las dos cámaras del poder legislativo funcionan articuladamente con apenas 24 senadores y 48 diputados, provenientes tanto de los partidos políticos como de la sociedad civil, que ejercen un gran debate sobre el devenir nacional y promueven el ejercicio de un servicio público que honra al país.
La sistémica repotenciación de las estructuras de Seguridad Social permite ahora que sus afiliados escojan entre retornos financieros seguros y mínimos (público) o resultados acordes a riesgos mayores (privado).
*La esperanza presume de ilusiones, pero la realidad atestigua los resultados.
¿De cuál ha fumado?