Pongamos en contexto el tema. Yo manejaba un consultorio jurídico social, empresarial y de política pública desde hace más de 30 años, pero no tuve apoyo ni eco por ningún gobierno, tal vez por mi falta de filiación política.
Hoy, en 2024 y 2025, sigo sin filiación política y un consultorio jurídico se vuelve un eslabón importante en la formación de los profesionales, ya que permite conocer las diferentes herramientas en las aristas de las ramas del Derecho para generar de manera efectiva acceso a la justicia a personas con poder adquisitivo limitado. Y en tiempos del quiebre del Derecho y de los colegios y federaciones de abogados, que no cumplen con su rol y más bien se han vuelto clubs de amigos (con algunas excepciones), pero que actúan en forma privada y te cobran un ojo de la cara por un patrocinio, a veces defendiendo a las dos partes. Inaudito e increíble, pero cierto.
Aunque ustedes no lo crean, en el ejercicio del Derecho nos hemos encontrado, a veces por improvisación y desconocimiento de la abogacía, con procesos judiciales que defienden a las dos partes, inclusive con poderes notariados o con causas en las que se ventilan ingentes cantidades de dinero de origen ilícito en la defensa de emporios transnacionales de origen dudoso, con actividades de lavado de dinero, etc.
Esta guía o consultorio jurídico social No. 1 tiene como propósito acompañar al estudiante y al profesional de otras áreas vinculantes en el desarrollo de competencias en diversas áreas del Derecho, como lo son los métodos alternativos de solución de conflictos, el Derecho Penal, el Derecho Civil, el Derecho de Familia, el Derecho Laboral, el Derecho Público, el Derecho a la Seguridad Social, el Derecho de los Adultos Mayores, el Derecho Constitucional, Administrativo, etc., que serán numerados de acuerdo a la materia.
Empecemos a esbozar algún material que creo es de importancia en el Ecuador, en base a preguntas de los usuarios y mis respuestas, que en algunos casos ya están publicadas en varias páginas web, pero que deben ser masificadas y estar al alcance de todos los ecuatorianos.
Pregunta No. 1
¿Si el nuevo gobierno, que se legitimará formalmente el 24 de mayo del 2025, convoca a Asamblea Constituyente, significará que tendremos dos Asambleas trabajando de manera simultánea?
Respuesta No. 1
En primer lugar, hay que aclarar y difundir el dictamen No. 5-20F/RC/21 de la Corte Constitucional del pañuelo, que dispuso que una Asamblea Constituyente no puede tener plenos poderes.
Es decir, puso límites y dispuso que la Asamblea Constituyente tendrá solamente un solo trabajo: producir un texto constitucional que será aprobado vía referéndum constitucional, según el artículo 444 de la Constitución.
Y la pregunta surge: ¿qué pasaría con el trabajo de los nuevos asambleístas? La respuesta es que deben seguir trabajando en materia de legislación y fiscalización, y allí aparentemente vamos a tener doble trabajo. Por un lado, lo que va a ser muy costoso para el país. Solo para darnos una idea, la Asamblea Constituyente y su nueva Constitución del 2008 costaron alrededor de doscientos quince millones de dólares y su elaboración y aprobación demoraron cerca de un año y medio.
¿Es necesaria la reforma a la actual Constitución hiperpresidencialista? Sí, pero no a través de una Asamblea Constituyente. Para la eliminación de funciones de regulación de poderes, una justicia real, la reforma política, etc., esos cambios no se van a dar nunca con la actual Constitución, pero puede darse con el mecanismo de una Reforma Parcial a la Constitución, sin necesidad de la novelería de una Asamblea Constituyente muy costosa y con el riesgo de que si le dan plenos poderes pueden degenerar en reformas para permanecer en el poder en forma indefinida.
Pregunta No. 2
¿Por qué afirma usted, sin fanatismos, que le parece que las ideologías de izquierdas y derechas son cuestiones topográficas del pasado, que ya no se discuten en el mundo actual, pero regresa a ver a ciertos escritores como Agustín Cueva, que vivió apenas hasta 1992?
Respuesta No. 2
Bueno, por cultura general los aprendices de escritores o analistas tenemos que acudir a cientos de libros, y en la presente década del 2000 al 2025 no encuentro figuras descollantes. En ese contexto, Agustín Cueva fue más que un sociólogo que resuena con fuerza en los círculos académicos latinoamericanos, cuyo pensamiento crítico desafió las estructuras del poder establecido. Su análisis del subdesarrollo lo convirtió en una figura incómoda para las élites, y eso debemos reconocer.
Agustín Cueva no se limitó a repetir teorías importadas y buscó comprender la realidad latinoamericana desde sus propias raíces. Sus obras contribuyen no solamente a la economía, sino a los procesos de subdesarrollo desigual de clases sociales impuestos por el sistema capitalista mundial. La obra de Cueva es una denuncia contra el sistema. Su obra es un legado a la reflexión crítica para la transformación social y la cultura jurídica del Ecuador. Por eso muchas veces lo cito como a un intelectual comprometido con su tiempo, para la emancipación de todos los pueblos latinos.
Pregunta No. 3
¿Por qué usted afirma que es un error del actual mandatario haber derogado el Código de Ética, que en algo combatía la corrupción interna y de las élites del narcotráfico?
Respuesta No. 3
Al César lo que es del César, y cuando hay necesidad de alentar los procesos de cambio del presidente lo hago sin ningún compromiso, porque sencillamente no soy político y me interesa la suerte del país, no los personajes que nos desgobiernan. Y cuando hay que criticar algún desvío de poder lo hago de igual forma.
A mi juicio, el Código de Ética es clave para luchar contra la corrupción de cualquier país, incluido el Ecuador.
Hay países que difunden noticias perturbadoras que pretenden utilizar datos objetivos, cuantitativos, hechos irrefutables y no opiniones, para intentar conocer mejor la realidad política y jurídica del mundo. Y esto está entrando en los gobiernos del Ecuador, donde vemos que los gobiernos se convierten en castas extractivas que lo único que persiguen es la propia supervivencia de sus partidos y movimientos políticos, sin importarles casi nada el bien común de los ciudadanos.
Para cambiar el sistema, los seguidores del movimiento NEO necesitan millones de personas que aparentemente aporten valor, pero a veces se equivocan eliminando herramientas jurídicas que son necesarias para la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
Mi recomendación en este tema del Código de Ética es que, si bien es un error del gobierno actual, a mi juicio el Código de Ética debe ser obligatorio no solo para la Función Ejecutiva, ni tampoco dejarse llevar políticamente al engaño por el neosocialismo—que son movimientos sociales o políticos de extrema derecha que aparecieron posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que aparentemente buscan revivir e implementar la ideología del nazismo.
No estoy afirmando que el gobierno de Noboa siga la línea del neonacionalismo. Este movimiento es un fenómeno global, con representación organizada en muchos países y redes internacionales, en especial en España. Toma prestados elementos de la doctrina nazi, y van apareciendo ciertos analistas en redes sociales o en la TV que simulan dar ejemplo de cómo luchar contra el abuso de poder y curiosamente empiezan a recomendar la aprobación o desaprobación de ciertas legislaciones como el Código de Ética.
Si bien las explicaciones del gobierno sobre la eliminación del Código de Ética de la Función Ejecutiva no implican cambios en lo establecido en el ordenamiento jurídico, tratando de justificar esta medida, afirman que el Código de Ética reproducía normas ya existentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Sin embargo, en mi opinión, pienso que el país debería tener una explicación en lo político, para dejar de lado especulaciones que pongan en duda la transparencia, porque el tema de la comunicación siempre fue un cuello de botella de este gobierno de transición. Yo veía al Código de Ética como una necesidad de que las autoridades comuniquen sus agendas, como parte de la Ley Orgánica de Transparencia y Gestión de Datos, como una práctica común y que, a mi juicio, debe restablecerse su vigencia en el Derecho, y el decreto suscrito el 19 de diciembre de 2023.
En los próximos consultorios seguiremos con el análisis con más temas enfocados al Derecho.
