En la actualidad, la confianza en las instituciones públicas es un tema central en el debate político de América Latina. Países vecinos como Ecuador y Perú, enfrentan desafíos similares en cuanto a la consolidación de la confianza ciudadana en sus procesos democráticos. El análisis de esta confianza nos permite reflexionar sobre el estado de nuestras democracias, las lecciones aprendidas y los pasos que debemos seguir para su fortalecimiento.
De acuerdo con los datos del World Values Survey, en Ecuador, los niveles de confianza en el conteo de votos son relativamente altos en comparación con otros países de la región, entre ellos Perú. Sin embargo, estos niveles varían dependiendo de factores como el nivel de ingresos y el nivel educativo. En Ecuador, los ciudadanos con mayor nivel educativo tienden a tener más confianza en el conteo de votos, mientras que en Perú la confianza es menor.
Ahora bien, es fundamental entender que la confianza en el sistema electoral está profundamente relacionada con la estabilidad política de un país. En el caso de Ecuador, entre 2006 y 2017, bajo la administración de Rafael Correa, el país vivió un periodo de estabilidad sin precedentes en su historia reciente. Este período no estuvo exento de críticas, pero se caracterizó por la ausencia de derrocamientos presidenciales, un cambio significativo considerando la inestabilidad de los años previos, donde varios mandatarios fueron destituidos del cargo. Las reformas políticas y electorales que se implementaron durante ese tiempo ayudaron a aumentar la gobernabilidad y, en consecuencia, la confianza en las instituciones.
A pesar de esto, los últimos años han demostrado la fragilidad de estas reformas. La presidencia de Lenín Moreno, especialmente durante la crisis de 2019, reveló que la confianza en las instituciones públicas sigue siendo vulnerable. Este episodio, marcado por protestas violentas y descontento social, nos recuerda que la estabilidad política y la confianza en las instituciones públicas debe ser trabajada constantemente.
Por otro lado, la situación en Perú nos muestra un camino diferente. Si bien este país mantuvo una relativa estabilidad política con presidentes electos que completaron sus mandatos entre 2006 y 2016, entre 2016 y 2021, gobernaron cuatro presidentes, lo que desestabilizó su sistema político y democrático.
Según datos del World Values Survey, la desconfianza en las instituciones en Perú está relacionada con factores como la percepción de corrupción y mala administración pública. Este ambiente ha llevado a que muchas personas, especialmente aquellas con menor nivel educativo o ingresos, cuestionen la legitimidad del sistema electoral.
En base a datos del WVS, el nivel de ingresos y el nivel educativo afectan la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones. Es decir, los ciudadanos con mayores ingresos y educación tienden a confiar más en el sistema porque conocen más sobre cómo operan las instituciones públicas y tienen más acceso a la información. Mientas que las personas con menores ingresos y educación pueden sentirse desplazadas, lo que reduce su nivel de confianza.
Este fenómeno no solo es observable en Ecuador y Perú, sino en muchos otros países de América Latina y el mundo. La confianza en las instituciones es un reflejo de la equidad y la inclusión social dentro de una sociedad, y cuando amplios sectores de la población se sienten excluidos o poco representados, la legitimidad del sistema se ve comprometida.
La comparación entre Ecuador y Perú nos ofrece valiosas lecciones. Ecuador, aunque ha avanzado en la construcción de instituciones más sólidas, debe seguir fortaleciendo su sistema para afianzar la confianza en sus instituciones públicas. El contexto peruano nos recuerda la importancia de un liderazgo ético, comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, para que las instituciones puedan ser vistas como legítimas y efectivas.
Ecuador debe seguir trabajando en las reformas necesarias para garantizar que nuestras instituciones sean capaces de enfrentar los desafíos futuros. Esto incluye no solo mejorar la administración electoral, sino también promover una educación cívica que permita a los ciudadanos entender y participar activamente en el sistema político. De esta manera, podemos asegurar que todos los ecuatorianos, independientemente de su nivel de ingresos o educación, puedan confiar en que sus voces serán escuchadas y sus votos contados justamente.
El camino hacia una democracia más sólida requiere un compromiso conjunto. La confianza en las instituciones no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una sociedad de oportunidades, donde todos puedan prosperar. Aprendamos de los errores y aciertos de nuestros países vecinos, y trabajemos para construir un futuro en el que nuestras instituciones no solo sean fuertes, sino también verdaderamente representativas de todos los ciudadanos.