La sociedad está encolerizada y con razón. Es incuestionable que esta es una autoinfligida catástrofe económica ya que no se puede imputar como factores exógenos a los consabidos hechos casa adentro: corrupción, despilfarro y pésima gobernanza. Si en estos últimos 17+ años hubo algún candidato con las condiciones de no simplemente haberlo hecho mejor, sino haberlo hecho bien, la conclusión a priori sería que los electores escogieron mal a sus mandatarios.
Los llamados a soluciones por fuera de la vigente Constitución revelan no solo un inconformismo con la misma, pero más bien un repudio a la inseguridad jurídica que ha literalmente reducido la Carta Magna a un documento monetizado al mejor postor del poder, sea este político o económico. Es así como candidatos no siempre votados acaban siendo proclamados y posesionados.
La sociedad tiene pleno derecho a protestar y reclamar enérgicamente ante responsables y frente a culpables de esta hecatombe, que no es solo energética, pero en el fondo tampoco debería desestimar en su análisis sus profundas subyacentes raíces. El país jamás tuvo una época tan boyante en ingresos como la experimentada durante la década de Correa en el poder, como tampoco un nivel de desgobierno tan descarado y brutal. La aplicación de un borrón y cuenta nueva terminaría por eximirlos de culpa, endilgando dicha responsabilidad directamente a los votantes, o tal vez a un CNE que finalmente nada representa. Una sociedad, rehén de sus políticos, puede cambiar de ruta, nunca de destino. ¡Alerta!