El Ecuador escasamente sorprende en lo positivo, ampliamente desconcierta en lo negativo. El apremio financiero estatal hizo que el Gobierno, a pesar del nulo crecimiento económico y contradiciendo los cánones de buenas prácticas económicas, aumentase el IVA. La insustentable remisión tributaria para los grandes grupos económicos abonó al porqué los contribuyentes, que no obtienen ese nivel de beneficios, mantienen una normal animadversión hacia el pago de impuestos. Por tanto, procurar la protección frente al Estado, y sus abusos tributarios, continuará siendo un proceso natural para la mayoría de pagadores.
Una forma de romper con esta sinergia tercermundista implicaba la disponibilidad de todos los récords, personales y corporativos, en materia tributaria por el SRI. En lo positivo, el derecho a la privacidad de información pesó menos que la necesidad por revertir un costumbrismo en pro del bien común. Así, el SRI incluso quedaba potencialmente expuesto ante la ley por cualquier manipulación de procesos a favor de pocos. La lógica dictaba que una política universalmente aplicable contribuiría a una mejor predisposición ciudadana por valorarla, exigiendo también al Estado por políticas públicas más responsables que impulsaren una nueva cultura tributaria. A grandes males, grandes soluciones. Empero, hecha la ley, hecha la trampa, y los buenos presagios fueron criminalmente contaminados por los mismos forjadores de dicha política en una trágica ruleta de agónica desidia que se repite gobierno tras gobierno.
