El origen del subsidio a los combustibles le pertenece a Rodríguez Lara (1974). El Bono Solidario de Mahuad (1988), mensualidades de $15 a madres y $7.60 a personas con discapacidad y de la tercera edad, dio paso a una vorágine de subsiguientes bonos que contemplaron apaciguar la demanda social por mejores resultados económicos. Han sido 50 años de una demagógica transferencia de recursos junto a una pésima administración pública, el nulo crecimiento económico y el desvanecimiento de la seguridad jurídica del Estado. Por consiguiente, más subsidios (costos de oportunidad incluidos) y bonos, envuelven una insustentable tesis sin afinidad política.
Los problemas se resuelven teniendo como punto de partida los mismísimos factores que los causaron. La grave crisis fiscal, empero, demanda una reestructuración de la deuda consolidada con amplios sacrificios sin apalancamientos sobre los menos privilegiados. El país necesita producir más (producción) y mejor (productividad), y aquello no se conseguirá a través de continuas remisiones tributarias ni con mayores impuestos pues la lógica económica no lo ampara. Se lograría a través de exenciones y alicientes tributarios que premien a quienes asuman los riesgos con el objetivo de duplicar nuestro PIB per cápita en 20 años (vs 60 años al ritmo actual). La creación de empleos se sustenta en el crecimiento económico, que no es un mito, pero su consecución depende de una pirámide de objetivos con la seguridad jurídica como base. Mientras más robusta, mejor los resultados.
