Los ecuatorianos sienten que la corrupción en la política es generalizada y admiten haber sido afectados por alguna forma de inmoralidad. A pesar de eso, este es el cuarto país que más tolera la corrupción en América Latina y El Caribe. Esas son algunas de las conclusiones a las que llega el más reciente estudio del Barómetro de las Américas, titulado Cultura política de la democracia en Ecuador y en las Américas 2018/19 efectuada por algunos académicos de varias universidades ecuatorianas:
El estudio señala que la corrupción es una manera de influir en las decisiones públicas en al menos tres niveles: elaborando políticas para favorecer a determinados grupos, aplicando normas que favorezcan a grupos o personas y facilitando la evasión de la ley.
En esa línea, la percepción de los ecuatorianos sobre quienes hacen política en el país es la de un involucramiento casi general en actos de corrupción. El 88,1% de los encuestados cree que por lo menos la mitad de los políticos está involucrada en actos corruptos; incluso el 31,5% estima que todos son corruptos.
Casi la mitad de los encuestados (45,7%) cree que la corrupción en Ecuador es un problema generalizado. Esta percepción, dice el documento, “podría explicarse por los casos que se han ido conociendo desde que Rafael Correa dejó el poder ,continuando con Moreno y Lasso ”.
Los escándalos de corrupción vinculados a ese Gobierno, que se han destapado durante los últimos años, han contribuido a que las percepciones de corrupción política aumenten y se generalice este flagelo.
Esos perjuicios incluyen la exigencia de coimas por parte de la policía, de empleados públicos o en el trabajo diario.
O la obligación de un pago, por fuera de la normativa, en el caso de trámites municipales o, incluso, el pago de sobornos para recibir atención en el sistema público de salud o en el sistema educativo y en las dependencias del IESS Ecuador es el cuarto país de América Latina y El Caribe en el que más ciudadanos afirmaron haber sido afectados directamente por la corrupción, con un 26,6%, solo superado por Bolivia (38%), México (32,2%) y Paraguay (28,3%).
En contraste con estos países, los habitantes de Uruguay, Chile y Costa Rica son quienes menos resultan afectados por la corrupción, con un 5,9%, 6,8% y 8,3%, respectivamente.
Paradójicamente uno de cada cuatro ecuatorianos considera que, “como están las cosas a veces es justificable” el pago de un soborno. Y para mayor contradicción, quienes fueron víctimas de corrupción son quienes más dispuestos están a tolerar las prácticas corruptas.
Existen en más de 17.000 casos de vacunas en toda la administración publica de los cuales 760 han sido denunciados y de estos apenas 34 judicializados por el temor a represalias casi ya no se denuncia
La distribución discrecional y selectiva de un bien escaso a nivel mundial como la vacuna contra el COVID-19 fue y sigue siendo, además de moralmente execrable, políticamente desastrosa para un gobierno que prometió manejarla correctamente, priorizando únicamente al personal de primera línea en la llamada fase cero. Esto salpicó a una decena de Asambleístas vinculados con el reparto de los hospitales desde la administración de Lenin Moreno , dejando desabastecidos de medicinas a las unidades médicas inclusive negociados o vacunas del anterior alcalde Yunda con la participación de su hijo. Y que decir de las redes de corrupción que salpican al Ejecutivo con las denuncias del Gran Padrino en el trafico de influencias en las empresas públicas .
El estudio señala, además, que otro grupo dispuesto a tolerar la corrupción es el de quienes se consideran interesados en la política, “lo que puede ilustrar que la corrupción forma parte de la cultura política ecuatoriana”.
La encuesta se levantó entre el 22 de enero y el 19 de marzo de 2019. La muestra incluye 1.533 entrevistas cara a cara en 51 cantones de todo el país, con distribución urbano-rural, y con emparejamiento de frecuencias por grupos de edad y género. Las encuestas tienen un margen de error de +/- 3%. Y se prepara o se actualiza el estudio que abarque a empresas privadas hasta el 2022.
