El país enfrenta graves problemas que no son coyunturales, tienen raíces profundas impactadas políticamente y por sus corrosivas estructuras requieren de soluciones en el largo plazo. Los limitados recursos para enfrentarlos demandan soluciones ponderadas y condicionadas entre lo urgente, lo prioritario y lo importante.
La atención de la calamitosa seguridad ciudadana reúne los tres condicionamientos dentro de un corolario que golpea intrínsecamente al área social: salud pública, seguridad social, educación y vivienda, etc. La seguridad jurídica sopesa una circunspección de similar magnitud pues sin ésta se imposibilita apalancar un sistémico y sostenido crecimiento económico congruente con el aplacamiento de las necesidades actuales, el servicio de una deuda que sobrepasa los $70 millardos y un ahorro nacional virtualmente inexistente.
Sin seguridad jurídica no existe forma alguna de captar inversión extranjera en la dimensión necesaria para lograr un crecimiento económico de envergadura que produzca empleos, reduzca la informalidad y aporte al fisco. La inversión extranjera requiere un ambiente de amplias libertades (arancel universal ≤ 5%, eliminación del ISD y otros gravámenes, reducción del IVA) y un sistema judicial independiente, idóneo y libre de injerencias políticas.
Los problemas tienen causas y sus soluciones conllevan efectos. Más allá de la sintomatología política y los apostolados dogmáticos, la única realidad es que el precio por revertir el daño no puede ser mayor al perjuicio ya existente.
