El nombramiento del titular de la Procuraduría General del Estado continua vacante, pese a que por fin fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana, sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional no lo posesionan, por lo cual sería interesante conocer cuáles son las razones para no hacerlo. Todo lo que comentamos se suma a otras instituciones que también continúan siendo dirigidas «por encargados» temporales.
La temporalidad, nueva costumbre ecuatoriana, en realidad significa que por un tiempo indeterminado se encarga la dirección del organismo a un funcionario que elabora en el mismo y, eso, a la final, redunda en la fortificación de la burocracia, pues, el Encargado, sabiendo que no es determinada su función en el encargo, trate de contemporizar, y sobre todas las cosas, no tener problemas con los subordinados ya que el volverá «al estado llano».
Esa «receta» produce efectos negativos según los autores que estudian las direcciones de empresa o los politólogos que ven en ella un estancamiento en la marcha administrativa y en la ausencia de firmes decisiones destinadas a corregir las deficiencias del organismo, al no existir una carencia, es decir, la marcha armónica en la resolución de los diarios problemas que toda organización debe resolver con agilidad, endereza y desprovista de intereses extraños.
Por otro lado, al faltar la «carencia» administrativa, es casi seguro que aparezca la «decadencia», entendiendo como tal «la declinación, menoscabo y principio de debilidad».
De lo anterior se deduce clara e indistintamente que las Funciones del Estado tienen como especial característica las circunstancia que los máximos dirigentes de ellas son elegidos para periodos fijos, permitiendo la alternabilidad.
En consecuencia, la responsabilidad de la situación anómala de los «Encargados» reside en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no puede ponerse de acuerdo y permitir que los organismos de control, no funcionen positivamente. ¿Hasta cuándo padre Almeida?
