Las exenciones tributarias fueron a priori concebidas para auxiliar al contribuyente con algún respiro económico, a manera de subsidio, frente al apetito recaudatorio del Estado. Hipocresía fiscal constituiría una mejor definición para dicho intercambio de intereses pues sin el inicial abuso no habría necesidad de reparación alguna hacia el contribuyente. Lo ideal sería que no hubiese presión alguna de la caja fiscal y que igual ningún tipo de estímulo fuese necesario. La realidad, empero, es que dichas exenciones han también formalizado al consumidor y a su vez contribuido a combatir la evasión fiscal, aunque apenas entre los aportantes menos influyentes ante el erario.
En economías desarrolladas, constituidas por una sólida y mayoritaria clase media, y con tasas de interés altamente competitivas para bienes raíces, los créditos bancarios se convierten en deducciones en el pago del impuesto a la renta. En nuestro país, las políticas establecidas hasta la fecha imposibilitan que la inversión aventaje al riesgo e impulse una explosión del mercado de la construcción y sus múltiples derivados. El Estado pierde así una importante fuente generadora de crecimiento económico.
Los subsidios son generalmente nocivos, pero sujetos de consideración en políticas públicas cuando eficientemente aplicados por sus tasas, montos y tiempos. Los nuevos créditos por $100 millones subsidiados al 1% por 30 años ayudarán, sin duda, a montar algún charol de caramelos, pero no resolverán lo de fondo. ¿No se prometieron acaso $1,000 millones?
