Es de conocimiento público que nuestra administración de justicia con sus falencias y aciertos en muchos casos, ha culminado algunos de los procesos de peculados, sobornos y otros graves delitos que han ofendido la conciencia cívica ecuatoriana, cometidos por aviesos funcionarios públicos en contubernio con empresarios privados ávidos de avaricia en aquella oscura noche del correato que por catorce años ininterrumpidos sufrió la república.
Habiéndose culminado dichos procesos y ejecutoriadas sus sentencias, caben entonces dos acciones concretas: Una. que los delincuentes sentenciados cumplan sus respectivas condenas; y, Dos. que el estado recupere los valores robados y determinados en los respectivos juicios; pero a la postre resultan incumplidos dichos mandamientos, por lo que es de obligado imperio instituir procesos de extradición pues en la mayoría de ellos, comenzando por el del jefe y los 40 de la pandilla se encuentran prófugos y disfrutando de lo sustraído. Entonces, ante este panorama es de urgencia que la Corte Nacional de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, titulares de las acciones que se deben ejecutar en estos casos, lo hagan con entereza y sin dilación de ninguna naturaleza.
Pero, como se deben aplicar inteligentemente y con metodología jurídica instrumentos legales de orden nacional e internacional, entre ellos antiguos tratados de extradición, se amerita que las dos instituciones de modo inequívoco, conformen una comisión con los académicos más notables por sus sabios conocimientos en las materias afines y que sus trayectorias profesionales estén precedidas por sus dotes morales y cívicos, para que guíen y determinen con objetividad científica y académica los correctos procesos de extradición, a fin de obtener los resultados que la ciudadanía anhela: que los delincuentes sentenciados cumplan sus condenas, para que esta acción moralizadora sea de ejemplo para la ciudadanía en general, y, de modo singular, para quienes pretendan ejercer algún cargo público.
De otra parte, sería loable que quien actualmente guía los destinos de la república contrate empresas extranjeras, que si las hay, para que le sigan el rastro a los dineros sustraídos, hayan o no salido en aviones privilegiados o por cualesquier otras rutas.
Soñemos en un nuevo Ecuador.
