La esperada comisión

El Ecuador y la Organización de Naciones Unidas terminan de suscribir un memorándum, documento que utilizado con responsabilidad cívica debería convertirse en instrumento eficiente en la lucha contra la corrupción, puesto que nuestra sociedad está consciente que jamás en la historia del país hubo gobierno alguno tan corrupto (2007-2017) como el precedido por quien tiene a su haber, por el momento, una sentencia condenatoria y está prófugo, al igual que muchos de su banda.

Ante esa dolorosa realidad debemos aspirar que tal comisión se constituya en paradigma de honestidad y realizaciones para que esa noble iniciativa no quede en simple promesa, pues las justas aspiraciones del pueblo de que no haya crimen sin castigo deben cumplirse a plenitud dentro de una concertada acción: gobierno/sociedad civil.

Entonces, la meta debería ser: constituirla con los más probos ecuatorianos para que ejecute con eficacia los mecanismos investigativos y legales para descubrir y hacer conocer al Ecuador entero cuales fueron los montos del perjuicio; la que además, por intermedio de empresas especializadas descubra las caletas o paraísos fiscales donde se encuentran camuflados tales recursos, identificando a los autores del saqueo y dentro de expeditos procesos judiciales juzgarlos. I, en cuanto a los recursos que se recuperen que el estado los devuelva a su legítimo dueño: el pueblo, para invertirlos en salud y educación fundamentalmente.

Ejecutar una intensa campaña en el propósito de concienciar al pueblo en los principios y valores que deben guiar la vida de todo ciudadano, para que adquieran y practiquen las normas morales y cívicas en su diario vivir. Como también debería establecer normas y procedimientos, para que nuestra administración aplique de manera inmediata los correctivos del caso, para que aquellos que en el futuro pretendan apropiarse de fondos estatales sepan que hay una justicia implacable. 

Exhortar con extremada vehemencia a los poderes estatales en la impostergable obligación de dotar de personal con suficiente conocimientos legales y principios éticos y morales a la administración de justicia en general y a la Fiscalía General de la Nación en particular, así como con los suficientes recursos económicos para que cumplan a plenitud con su misión, como lo viene haciendo hoy la Fiscalía, bajo la guía ejemplar de su titular. 

Insinuar al poder ejecutivo en la necesidad de una sanitaria depuración de la administración, cesando de los niveles aquellos individuos que fueron parte de esa pandilla que festejaba con castañuelas y panderetas al son de amante bandido todas las tropelías del capo. Mientras ellos permanezcan, sobre todo en los mandos medios, siempre entorpecerán toda obra fiscalizadora. Es tiempo de eliminar la maleza.