Procurando a quien procure

La Procuradoría General del Estado tiene como función específica la irrestricta y suprema defensa del Estado en todos sus ámbitos, mas no necesariamente la del Gobierno de turno. Diego García, el procurador de Rafael Correa, efectiva y criminalmente defendió las tesis del dictador, jamás los intereses del Estado. El procurador Salvador, en su ponencia ante la CIDH*por el caso El Universo, minimizó la participación del Estado en los abusos gubernamentales frente a la parte acusadora con la intención de jurídicamente influir en la reducción de la más que probable indemnización que tendrá que asumir el actual Gobierno, como regente del Estado, por los abusos afligidos al Diario.

La profesional captación de los servicios de un jurista implica el pago de una remuneración de índole económica a cambio de la defensa del punto de vista o tesis de la parte contratante. Salvador, tal cual abogado contratado, sutilmente protegió e intentó menoscabar la inobjetable injerencia de Correa. Debió asumir la completa culpabilidad de la Procuradoría por las falencias registradas porque de ello depende el asentamiento de un precedente de jurisprudencia y futura repetición. La institucionalidad y la seguridad jurídica no tienen precio, comprenden valor. Para el inconsistente jurisconsulto Salvador, sin embargo, solo valen unos cuantos dólares de ahorro al erario. ¿Escucharemos de su parte algún comentario sobre el incalificable García? ¿Quién dijo que “el BID no es una institución financiera internacional …”? ¡Ese mismo, claro!

*Corte Interamericana de Derechos Humanos