La Cárcel 4 fue constituida para acoger a presuntos ciudadanos ilustres y refugiar a otros de algún interés político acusados de cometer delitos o crímenes. Llámese como quiera o sitúese dónde sea no deja de ser un centro de reclusión desde el cual no debería existir contacto con exteriores. La imposibilidad de ejercer mandato debería causar la pérdida del cargo previamente sustentado. Lo insólito es que desde esta prisión se ejerzan funciones públicas. Esto comprueba la existencia de ciudadanos cuya simbólica alcurnia, política o socioeconómica, les permite obviar las cárceles comunes.
En un país de hechos consumados los cargos en ejercicio se han presuntamente legitimizado a través de la práctica burocrática. Así fue que Celi heredó la Contraloría de manos de otro pillo que ni siquiera se graduó legítimamente de bachiller. La coyuntura legal es por demás compleja porque los hechos y los tiempos desbordan la dirimencia constitucional y jurídica de un Estado institucionalmente endeble. No obstante, podemos concluir sin prevaricato comunicacional alguno que Celi es un contumaz delincuente cuyo poder se diluye entre ínfulas devaluadas y subordinados de pacotilla, pero cuyos crímenes lo llevarán inequívocamente a un pabellón más digno en Latacunga.
Hay mucho por hacer para corregir las mútltiples falencias jurisdiccionales. Empero, una solución inmediata a este indiscutible discrimen ciudadano sería el cierre de este criminoso centro de absurdismos. Si argumentos les faltara, por salubridad republicana bastaría.
Parecería que es una manera de autoprotección de los políticos.
Y quizá es universal o globalizada