He leído la Carta de Intención del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Lo evidente es que repite el mismo estilo esotérico de las anteriores: parrafadas llenas de frases, puestas más para ocultar que para decir; porque inducen a interpretar de una manera o de otra lo que se declara como “intención”. Finalmente el sabor que me queda es que alguien está vendiendo humo y espuma, por lo que en vez de crear confianza su lectura me deja ahíto de suspicacias.
La Carta fija varios “ejes” para el programa económico que esboza, y que por obvios no se los podría rechazar. Por ejemplo, nadie estaría en contra de que se restaure la prudencia en la política fiscal; ni de que para tal propósito, se reduzca el déficit primario no petrolero del sector público no financiero; que se optimicen subsidios, especialmente a los combustibles (aunque en la cargada de mano al diesel, hay una clara orientación regional de asfixiar a la pesca como generadora de exportaciones costeñas); que se “reajuste” la masa salarial del sector público; que se reduzca el gasto del gobierno; que se eliminen tributos como el ISD; y que se facilite la creación de empleo productivo. Todas son intenciones plausibles.
Sin embargo, cuando se lee la Carta entre líneas, es posible notar las orejas del lobo con sus viejas mañas centralistas, fiel al Estado rapaz que solo mira la política tributaria como instrumento para meter la mano en los bolsillos de los contribuyentes. En esa rapacidad coinciden la burocracia capitalina y la del FMI. Siempre lo han hecho —y con mucha intención— antes de la Carta actual. Y lo seguirán haciendo después.
El apartado D, bajo el epígrafe de “Apoyo a la creación de empleo, la competitividad y el crecimiento” propone una nueva Reforma Tributaria, (creo que la número 12 o 13 en los últimos 12 años), cuyo objetivo es “convertir al Ecuador en un destino preferido para los negocios de TODO el mundo, e impulsar la generación de empleo y la reducción de la informalidad en la economía”.
Y para eso, la Carta propone, a más de simplificar el trámite tributario y ampliar la base impositiva, eliminar “exenciones no justificadas, regímenes especiales y las preferencias que en la actualidad benefician a los segmentos más ricos”. Esto parece extraído de uno de los manuales emblemáticos del correismo. Veamos: las exenciones tributarias, han sido creadas por la ley —como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI— para atraer capitales en especial a sitios del país considerados como económicamente deprimidos. Esos incentivos no han tenido la acogida esperada, porque los inversionistas no cuentan con la seguridad de que se los respetará y mantendrá. Y cuando se enteren de que pueden ser calificados de “no justificados” y por lo tanto en riesgo de ser eliminados, pocos serán los que quieran exponer sus capitales a una aventura.
No es que sea brujo. Pero mi experiencia en este campo me lleva a pronosticar que serán retirados todos los incentivos tributarios aplicables al fomento de las exportaciones, para cumplir con el FMI. No importa que para este propósito se afecten plazas de trabajo. Lo importante será que regímenes especiales concebidos para incentivar la producción en condiciones competitivas, serán eliminados. O, por lo menos, obligarán a los productores y exportadores a largas gestiones para conseguir que el Estado cumpla melindrosamente sus compromisos.
Esa reforma tributaria enunciada en la Carta de Intención también tiene la intención —es válida la redundancia— de aumentar impuestos. Por ejemplo, cuando propone “rebalancear el sistema impositivo hacia una mayor tributación indirecta antes que directa”, lo que está exactamente diciendo es que subirán el IVA, (que es indirecto) para compensarlo en contrapartida proponiendo “eliminar GRADUALMENTE los impuestos distorsionantes relacionados con el volumen de los negocios y las transferencias al exterior”, que eso es el ISD. Pero claro: el IVA lo aumentarán sin gradualismo.
Aunque es parte del recetario tradicional del FMI, constituye un despropósito aumentar los impuestos o eliminar exenciones tributarias, en una economía dolarizada y con serios síntomas de estancamiento. El despropósito es peor, si se trata de subir la tasa de un tributo indirecto como el IVA, porque los efectos encadenados serán devastadores sobre el poder adquisitivo de los salarios. Y para las empresas, la eliminación gradual del ISD no será bálsamo que atenúe de manera suficiente, el impacto negativo que en el conjunto de la economía tendrá una reforma tributaria como la planteada en el apartado D de la Carta de Intención.
Excusen mi pesimismo; mas no logro ver la magia para “convertir al Ecuador en un destino preferido para los negocios de TODO el mundo, e impulsar la generación de empleo y la reducción de la informalidad en la economía”.
