En el Ecuador, sin excepción alguna, somos informados a diario de los actos de corrupción cometidos por esa nefasta gavilla que sumisos al capi di tutti capi, se robaron los fondos del estado y las esperanzas de este noble pueblo. Verdad irrefutable. No es menester describamos los tantos actos de latrocinio. Esos, por ser públicos hoy, deben ser sometidos y juzgados por una justicia diligente y eficaz, sin dilación de ninguna naturaleza.
Esa realidad ha socavado y destruido las bases de la institucionalidad estatal, devastando cultural y económicamente a la sociedad ecuatoriana. Por ello es menester profundizar pensamiento y acción para establecer cómo nació ese maligno y siniestro mal.
En esa intención concluiremos que la dañosa calamidad tiene su origen en la Constitución de Montecristi, mamotreto perverso, obra señera de los ya conocidos asaltantes. Instrumento “legal” con el que destruyeron: Congreso, Tribunal Constitucional, Corte Suprema de Justicia y otras instituciones, para que el ejecutivo encarne un poder autoritario, corrupto y así, con cinismo, crear organismos a la carta para sus protervos fines. Allí están: Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, Supercom, etc., que cual tsunami arrasaron las estructuras de la institucionalidad democrática, jurídica y social del país.
Ante ello, el pueblo ecuatoriano debe meditar respecto del Consejo de Participación Ciudadana anterior, no del actual, cuyos miembros con inteligencia, honradez y valentía, hacen supremos esfuerzos para designar autoridades dignas. Esto es, cumplen su deber ciudadano con vocación de patria. Pero con las elecciones ad portas, podemos tener nuevamente un organismo que igual al del correato, pernicioso y de atribuciones ilimitadas, extienda nombramientos como los de Contralor prófugo, Fiscales Generales, Superintendentes y otras autoridades de control cuestionadas, enjuiciadas y prófugas también. De otra parte revisemos: Consejo de la Judicatura, creador de ineptas y corruptas Unidades Judiciales, jueces ignaros e inmorales, salvo raras excepciones, convertidos en ejecutores de sentencias que dictaban contra los que discrepan de ese mismo que hoy tiene de cobijo un “pobrecito” ático; y, ni se diga de la Supercom, en la que un perverso y rastrero lacayo silenciaba prensa, opinión y pensamiento cual júpiter tonante.
Ante ese sombrío horizonte, que por fin se está despejando, se amerita una inteligente y profunda reforma constitucional, mediante referéndum como lo prevé el artículo 441, para que el estado como tal, tenga el necesario y suficiente equilibrio basado en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial como lo concibió Monesquieu y no organismos que destruyen la racionalidad jurídica, política y administrativa del estado.
Entonces, bien podríamos soñar que en un futuro próximo tengamos: Un poder legislativo constituido por un número apropiado y reducido de ciudadanos, los más capaces y talentosos. Académicos brillantes y conocedores de materias: políticas, culturales, educativas, empresariales, agrícolas y todas aquellas que aquilatadas por sus particulares experiencias les den la solvencia necesaria para legislar con conocimiento y convicción en bien del país. Pero además, siendo probos y honestos realicen una auténtica y real fiscalización a los actores y asuntos políticos-administrativos del estado. Con estos exigentes requisitos no habrá lugar a faranduleros y peloteros. Un poder judicial. Corte Suprema conformada por salas especializadas en materias: Constitucional, Civil, Penal, Tributario, Administrativo, y, de Administración y Presupuesto etc. Con esta estructura devolveríamos la jerarquía de suprema a nuestra Corte la que, obviamente, resolvería además los asuntos de constitucionalidad; y, con la Sala de Administración y Presupuesto habremos eliminado el malévolo Consejo de la Judicatura, ya que esta sala sería la que evalúe a todos los servidores judiciales a fin de que la Suprema Corte los nombre y posesione. A nivel nacional se estructurarían Cortes Provinciales, y, así mismo, los jueces serían por materias especializadas, terminando por tanto con las actuales siniestras Unidades Judiciales. Quienes opten por ser magistrados de las cortes y jueces deberán ser los juristas más destacados, probos e idóneos del país.
Todas las autoridades de control bien podrían ser nominadas de ternas propuestas por el presidente de la República; evaluadas por la Suprema Corte y nombradas-posesionadas por el Congreso Nacional. Quienes aspiren a dichas dignidades deberían ser los mejores ecuatorianos, probos y honestos, que cumplan con exigentes requisitos de ética y moralidad. Con este superior y legítimo procedimiento no tendría cabida el nefasto CPCCS, creado en la Constitución del mal.
Señor presidente, son pequeñas pinceladas constitucionales. Nunca es tarde. Usted está frente a la historia y ella lo juzgará.
