20 abril, 2024

Justicia selectiva

El mundo está agitado, hay pugnas de poder entre las grandes potencias. Por un lado, Estados Unidos de América está a favor de la presidencia interina de Juan Guaidó en Venezuela, y por el otro, Rusia ha tomado partido por el dictador Maduro. Sin embargo, gran parte del planeta pide y apoya la reinstauración de la democracia en Venezuela.

Entre estos problemas de semejante magnitud, volvemos a nuestro país para poner en evidencia situaciones que me han llamado poderosamente la atención. La Asamblea Nacional nos dio la impresión de que tomaría resoluciones y sanciones distintas sobre actos irregulares de similar naturaleza. Recordemos que la Asamblea aprobó la destitución inmediata de dos de sus asambleístas, en uno de los casos por injerencia en tramitar cargos públicos, salpicada con el escándalo de exigencia de diezmos a sus subalternos; y en el otro, relacionado con el tráfico de influencias y obstrucción a la función Judicial. En ambos hechos, además de las justas resoluciones, se iniciaron las acciones pertinentes ante la Fiscalía General del Estado.

No obstante, ahora que se trata de otro posible “diezmicidio” cometido por una asambleísta de la bancada de CREO, la comisión tripartita que investiga el tema arrastraba los pies antes de emitir su informe.

La ciudadanía está expectante y anhela resoluciones justas, que midan con la misma vara a los involucrados en casos similares. No hay espacio para esta suerte de justicia selectiva, que premia a quien me gusta y castiga a quien me disgusta. Los fiscalizadores tienen que ser y parecer, no se trata de dorar la píldora y hacerse de la vista gorda cuando les conviene. Deben ser objetivos y tomar las sanciones que correspondan, independientemente de quien se trate. De no hacerlo, lanzarán por los suelos la tan anunciada depuración interna de este organismo.

Recuerden que la exvicepresidenta de la República está siendo investigada por el mismo delito, por lo que los asambleístas deben predicar con el ejemplo y no hipotecar con decisiones medias tintas, la moribunda credibilidad que aún les queda.

 

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Servicio cívico-militar con la patria

El servicio militar históricamente constituía una contribución obligatoria a la defensa nacional; Napoleón promulgó una orden para que todos los hombres sin hijos, de edad entre 18 y 40 años, debieran prestar su servicio militar. En los diferentes países de Europa y América los varones tenían similar obligación, con pequeñas variantes en la edad y en el tiempo de permanencia en los cuarteles.

En nuestro país, el 3 de abril de 1837, el Congreso expidió la Ley sobre Conscripción del Ejército, el Art.1, establecía que “Todo ecuatoriano desde la edad de veinte a veinticinco años cumplidos será alistado para el servicio de las armas”. En toda la vida republicana de nuestro país, el servicio militar ha sido obligatorio. Las obligaciones militares para todos los ciudadanos varones comenzaba a los 18 años con la calificación, luego de 1 año de conscripción pasaban a pertenecer a las FF.AA. permanentes, con licencia sin sueldo durante 5 años y por último, a las reservas hasta cumplir los 55 años.

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