8 diciembre, 2024

Arrivederci

El 1 de agosto del 2014, el diario El País Internacional de España, publicó un artículo titulado “La justicia en Ecuador ensaya un lavado de cara ante su mala fama”. En él se hacía alusión a que el listado de jueces que dejarán su sillón en enero del 2015 todavía era una incógnita, mencionando que se temía que magistrados que han sido cuestionados, estén en la cuerda floja, como Johnny Ayluardo Salcedo, quien dictaminó la libertad de la líder de la Unión Nacional de Educadores, Mery Zamora.

El diario español fue adivino, pues el referido magistrado salió de la Corte Nacional de Justicia. ¡Crónica de una muerte anunciada! Resulta curioso que los magistrados que han salido son casi todos de la sala penal y los que se han quedado tienen en su mayoría más de 22 años en la Función Judicial. La comisión que los evaluó parece que no consideró los títulos obtenidos por los magistrados, al evidenciarse que jueces que no tienen ni una sola especialidad, están por encima de aquellos que tienen estudios de maestría.

Este es un buen momento para analizar la independencia judicial, pues esta siempre es motivo de cuestionamiento, a pesar de que la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y los instrumentos internacionales garantizan a los jueces su independencia interna y externa, para precautelar cualquier forma de presión del poder gubernativo o fáctico. Lo fundamental reside en la independencia como valor ético, de la que todo juez debería estar dotado y por ello en otras legislaciones para que no acontezca este tipo de “metida de mano a la justicia”, los puestos son vitalicios.

Este último proceso de selección deja muchas inquietudes, pero muchas más existen alrededor de la separación de determinados jueces por sus fallos, utilizando para ello una ficción jurídica no desarrollada como el “error inexcusable”. Una buena señal de transparencia de este proceso debería ser la realización de una auditoría imparcial, preferiblemente internacional, que despeje cualquier duda sobre la designación y separación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

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