A propósito del mes de festejos que vive mi lindo Guayaquil, es grato para muchos conocer felices noticias, en especial cuando ellas vienen bañadas de justicia.
Hace un par de semanas se resolvió en segunda instancia el polémico caso de un menor de edad con discapacidad, a quien se le negó el acceso a un seguro de salud privado en igualdad de condiciones por padecer una preexistencia. La sentencia declaró violentados los derechos constitucionales del menor por existir una clara discriminación al negarle el acceso a la salud. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Juez ordenó como medida compensatoria que “se repare integralmente el daño material e inmaterial causado por la vulneración de los derechos constitucionales”. La Reparación integral incluye entre otras: “la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción”, las disculpas públicas, la atención de salud, etc.
En Ecuador, lamentablemente este tipo de actos no son aislados, pues es muy común que a personas que padecen preexistencias, discapacidades o hasta sobre peso, se les niegue la cobertura en “ciertos” Seguros de Salud Privados, y lo triste es que las autoridades de control muy poco hagan por intervenir en estos hechos.
Felizmente para aquellos discriminados, el referido fallo marcará un antes y un después a favor de aquellas personas que históricamente han sido segregadas y esperamos que en poco tiempo, la Corte Constitucional, como es su deber, expida una jurisprudencia vinculante que tenga carácter “erga omnes”, para que aquel gran esfuerzo de unos pocos, en un futuro se aplique de manera homogénea “frente a todos”.
Si usted amable lector, ha sido parte de ese selecto grupo de ciudadanos a quienes alguna vez alguna compañía de seguros de salud o medicina prepagada, le negó una póliza o le ofrecieron una de menor calidad o incrementaron sus valores por algún motivo de discapacidad, preexistencia, o hasta por el “sobre preso”, no dude en regresar y exigir igualdad de condiciones, pues recuerde que la Constitución y la jurisprudencia lo amparan, y la Defensoría del Pueblo los defiende.
¡VIVA GUAYAQUIL!
