Hay momentos y eventos que insatisfacen y lastiman, cualquiera que fuere la dirección que tomen , impulsados por fuerzas opuestas y contrarias. El caso de la Corte Suprema de Justicia es uno de ellos.
Las huestes gubernamentales, lideradas abiertamente por César Rodríguez, expusieron sin tapujos su afán de reorganizarla en búsqueda de magistrados que se acomoden a sus intereses políticos y, quizás, personales ( no olvidemos que pesan sobre las costillas de aquél cerca de una veintena de juicios por tráfico ilegal de tierras).
La reorganización se imponía, pues, para disipar temores y riesgos de un encarcelamiento del vicepresidente actual del Congresillo , dueño de un repudiable y supremo -valga el símil- sectarismo político. Como una apurada reorganización habría roto brutalmente el pretendido esquema democrático que Acuerdo País decía seguir, hubieron de acudir a un nuevo diseño de la Corte : cambiaron su denominación , su número de integrantes , su futura composición y, lo más sustancial, la sometieron a la férula gubernamental a través de organismos dominados por el Ejecutivo . Y concluyeron disponiendo un sorteo que dejaría a 21 magistrados ejerciendo ilegalmente jurisdicción.
Por otro lado, hay una carga de dignidad en la decisión tomada por esos jueces, que supera a cualquier tecnicismo jurídico : no se puede someter al más alto organismo jurisdiccional a supervisiones y eventuales revocatorias de sus resoluciones. No por simple afán de cambio se le ha quitado el calificativo de “Suprema”, porque esa supremacía fue transferida a la Corte Constitucional, obediente a los dictados del Ejecutivo. El principio de la independencia de poderes quedó destruido y no hay manera de remediarlo sino con una nueva norma constitucional que luce impensable por ahora.
Mas, como contrapartida de todo esto, la decisión de los ex – magistrados de no integrar un nuevo organismo carente de normas jurídicas que regulen su accionar, no solo crea un grave vacío jurisdiccional cuyas negativas consecuencias no podemos prever ni cuantificar, sino que invita a la dictadura seudo democrática que nos gobierna a buscar soluciones de emergencia – que le son tan familiares – y , responsabilizando a dichos ex-magistrados como causantes del problema , llenar sus vacíos con magistrados que, cumpliendo con las exigencias de asambleístas como Rodríguez, " no estén dispuestos a dictar resoluciones favorables a………" Frases como la parcialmente transcrita, referidas a juicios en trámite por la crisis bancaria, no fueron producto de la ignorancia sino de una corrupción conceptual recubierta con eructos patrioteros y revolucionarios . Fueron un anuncio de la corrupción que se pretende insuflar a la Función Judicial tras apoderarse de ella, a pretexto de sustraerla de un actual e inexistente dominio partidista. Y, de paso -es obvio- borrar tribulaciones por tráfico ilegal de tierras.
¿De qué “partidización” seguimos hablando ? Si bien la designación de magistrados el 2005 no cumplía con las prescripciones constitucionales previstas , no pudo ser más honestamente realizada bajo veedurías locales e internacionales y como culminación de un limpio concurso de méritos.
¿ Que hubo más de una defección ? Sí, sencillamente porque no hay cuerpos colegiados perfectos y para muestra lacerante de ello está la Asamblea Constituyente y su extracto el Congresillo . La Corte Suprema cesada expuso en Septiembre su decisión de no someterse a la inconstitucional obligatoriedad de administrar justicia careciendo de competencia y jurisdicción, pilares fundamentales para el ejercicio de cualquier judicatura. Tuvo además el cuidado de anticipar que ocurriría todo cuanto ahora acontece. Fue desoída por una Asamblea que demuestra poseer una memoria con más huecos que un queso gruyere, al inculparla de la situación y ahora pedirle angustiosamente que rectifique su decisión. Mas , ¿ no es esto lo que querían las huestes gobiernistas ? ¿ No es ésta la mágica oportunidad para dictar con infinito amor soluciones heroicas que rematen en la designación de quienes garanticen la expedición de los fallos que a aquellos interesa ? ¿ Qué les importa la Justicia ? Si los 31 magistrados cesados ofrecían valor e idoneidad intrínsecos, ¿ por qué , pese a ser advertidos, no optaron por la prudente prorrogación de sus funciones, preservando la institucionalidad del organismo y de la Función Judicial misma ?
Hay un derecho que va implícito en toda Constitución y con mayor razón en la nuestra que ha elevado a tal categoría toda necesidad personal de quienes habitamos el Ecuador : el derecho de mandar al diablo , cuando nos asiste la razón, todo cuanto nos mortifique ; el derecho de mandarse a cambiar cuando , a pesar de que servir es el arte supremo que más dignifica, a uno se le exija laborar ilegalmente y contra su voluntad . Hoy podemos ,cómodamente, expresarnos así. El espíritu y estilo “reinantes” se imponen .
Es realmente preocupante lo que está sucediendo con el Poder Judicial en este país. Violación tras violación en la actual constitución, como lo fué con la anterior en vigencia durante el amndato de Rafael Correa. Ahora la creación a lo maldita sea de una, de una nueva Corte, hecha a la medida de las necesidades de Correa y sus alzamanos, que posiblemente será conformada por los miembros de la ilegalmente conformada Corte Constitucional, cuyos miembros dieron pruebas de faltar a la ética y a la moral al someterse a la voluntad del ejecutivo y no honrar su primera opinión de declarar inconstitucional los plenos poderes que se autoirrogaron los alzamanos de Montecristi. Pueden estos venales sujetos nombrar jueces, sobre los que la disparatada nueva constitución les otorga máximos poderes para discrepar de sus sentencias y anularlas? Claro, de esta forma ya no puede ser más Corte «Suprema». «Suprema» será ahora la Corte Constitucional. De la parcialidad de sus juicios, que Dios nos ampare.
I. Hurtado Y.