En el 2008 la Asamblea Constituyente de Montecristi, en aras de contribuir a
erradicar la injusticia laboral y la aberrante discriminación social, “ocasionadas
por el uso y abuso de los sistemas precarios de contratación laboral conocidos
como tercerización de servicios complementarios, intermediación laboral y
contratación por horas”, expidió el Mandato Constituyente No. 8, que llevó
el nombre de: “Eliminación y prohibición de la tercerización, intermediación
laboral, contratación laboral por horas y cualquier forma de precarización de las
relaciones de trabajo”.

Una de las disposiciones interesantes de esta normativa, era que las
compañías de actividades de tercerización de servicios complementarios,
no podían ser vinculadas con las empresas a las que presten los servicios,
pues era común que empresarios usen esa figura de carácter mercantil en
beneficio propio, y para evitar aquello, el mandato dispuso que solo se podrían
celebrar contratos con personas naturales o jurídicas “cuyo objeto exclusivo
sea la realización de actividades complementarias de: vigilancia, seguridad,
alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales
del proceso productivo de la usuaria”, determinando que “las empresas de
actividades complementarias y las usuarias no pueden entre sí, ser matrices,
filiales, subsidiarias ni relacionadas, ni tener participación o relación societaria
de ningún tipo”, y que si existía algún tipo de vinculación, el Ministerio de
Relaciones Laborales lo sancionaría; y la empresa asumiría los trabajadores de
la tercerizadora de manera directa.

Y llego el 2013 sin que el mundo se haya acabado, ¡en buena hora!, y es
que según muchos, la profecía maya sentenciaba “el fin del mundo” el 21 de
diciembre del 2012, pero lo que en realidad pronosticaban los mayas era el
cierre de un ciclo, “donde el odio y materialismo terminaría y con ello, el final
del miedo”, el fin de una era.

El 31 de diciembre no solo quemamos a políticos, “Don Burros”, personajes
del fútbol y la farándula que se incorporan en lid electoral, sino que también
quemamos lo peor del 2012, y dependiendo que tan malo fue el año, le
arrojamos camaretas, chispiadores, o hasta los famosos “tumbacasas”.

El 2012 fue un año caracterizado por su intenso movimiento en el ámbito
nacional e internacional con una ola de protestas y violencias alrededor del
mundo; Obama fue reelecto presidente de los Estados Unidos con un apretado
margen frente al candidato Republicano. En lo nacional el tema político y
electoral se robó como siempre las primeras planas, pero lo más importante es
todo lo que quedó pendiente, como La Ley de Aguas, la de Comunicación, la
de Tierras, el nuevo Código Penal y la necesaria fiscalización, que serán entre
otras, unas de las tantas tareas que tenga la nueva Asamblea.

Tras 15 años de ausencia, unos parientes deciden retornar a Guayaquil para
visitar a la familia. Aprovechando su estadía deciden recorrer y recordar esta
siempre bella ciudad: El Malecón 2000, El Cerro Santa Ana, el Malecón del
Salado, El Barrio Las Peñas, la Playita del Guasmo, el puente Zigzag, entre
otros fueron los muchos lugares que gratamente recorrieron; pero faltaba la
visita más esperada, El Parque Histórico, que por referencia conocían era
uno de los sitios más emblemáticos, por constituir un refugio único de turismo
con fines educativos. Precedido por calles de piedra y elegantes señoritas
con atuendos de la época que reviven tiempos de antaño, con un adecuado
tranvía eléctrico que en la antigüedad era tirado por mulas, el Malecón 1900
como también se lo conoce, conserva lo mejor de las tradiciones y la antigua
arquitectura urbana de los siglos XIX y finales del siglo XX, que muestra la vida
de nuestro Guayaquil antiguo y la edad de oro del Puerto Principal del Ecuador.

Como abogada me ha tocado conocer muchos casos, algunos difíciles, otros
complicados, y uno último que conocí, realmente inaudito, allí les va:

Un empleador despide intempestivamente a su trabajador, y éste tras tiempo
de espera para su liquidación decide demandar. Como acto de represalia el
Jefe le prohíbe entrar al ex trabajador a su oficina, evitando que retire todos
sus efectos personales, los cuales había acumulado por muchos años.

El trabajador acude con un Inspector del Trabajo a su antigua oficina, y al
llegar, un empleado notifica a la autoridad que por orden del Jefe, todos los
efectos personales del ex trabajador habían sido retirados y llevados a un lugar
desconocido.

Este 15 de noviembre culminó el plazo para inscribir a los diversos candidatos
para las elecciones generales a celebrarse en el 2013 en Ecuador. El menú es
variado como siempre, pero en ésta ocasión alguien llamó particularmente mi
atención, el asno candidato: Don Burro.

Como le llaman, “El Candidato de patas limpias” llego hasta el Consejo
Provincial Electoral de Guayas, con corbata, guardaespaldas, seguidores y
asesores, para intentar inscribir su candidatura como Asambleísta, pero al
arribar a las puertas del salón de la democracia, la Fuerza Pública impidió que
el candidato por la lista cero se inscriba.

Dice un viejo refrán popular, que en la viña del señor hay de todo: buenos, no
tan buenos, malos y canallas.

Y aunque dudemos en admitirlo, quien de nosotros en el transcurso de la vida
no se ha encontrado con uno de estos. Pero, ¿que es en realidad un canalla?
¿Cómo identificamos a uno cuando lo tenemos cerca?

Dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que El Canalla
es una persona despreciable y de malos procederes; “gente baja, ruin”.

Etimológicamente, la palabra canalla viene de la voz italiana “canaglia”, que
correspondía a una “jauría de perros”, que en sentido figurado ya era un insulto
que se refería al individuo que actuaba sin escrúpulos y con maldad.

Si sus padres, con mucho esfuerzo se sacaron el “aire” trabajando, para dejar
a su familia algún legado económico, y producto de ese esfuerzo usted hereda
un bien mayor a 61.931 Dólares, no crea que el sufrimiento y la tristeza de
la pérdida, terminaron con el entierro de sus padres, pues déjeme decirle
estimado lector, que su angustia continua para largo.

Cuando usted es beneficiario de ingresos provenientes de herencias, legados
o donaciones, mayor a la cantidad citada, deberá pagar un impuesto al Estado
Ecuatoriano. A saber, la herencia es el conjunto de bienes y derechos que
tenía una persona al tiempo de su muerte; el legado es una disposición a título
gratuito de bienes y derechos específicos, a favor de una persona determinada
y se hace con un testamento por causa de muerte; y la donación es un regalo,
es la transmisión de un bien a título gratuito, que hace una persona a otra.

Uno de los grandes aciertos y logros
de este gobierno, y especialmente de la vice presidencia de la República, es el
tema de las discapacidades, y lo han hecho más que bien.

Y es que las cosas buenas no solo hay que reconocerlas, hay que también
decirlas y felicitarlas, como es el caso de la Nueva Ley Orgánica de
Discapacidades, que, con la iniciativa de la Asambleísta María Cristina Kronfle,
el apoyo del Gobierno, y todas las bancadas de la Asamblea, se hizo realidad.

Entre todas las cosas buenas que trae esta ley, esta el tema del acceso a los
servicios de salud de las personas con discapacidad, quienes hasta antes de
esta ley, eran constantemente discriminadas por los seguros privados de salud,
que en muchos casos las excluían arbitrariamente de sus planes de cobertura,
al enterarse que padecían de alguna discapacidad.

La Constitución de la República determina que las mujeres embarazadas
recibirán atención especializada en los ámbitos público y privado,
garantizándoles la gratuidad de los servicios de salud materna, y “la protección
prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo,
parto y posparto”.

En concordancia con lo citado, el Código Penal por su
condición de vulnerables, dispone que “Ninguna mujer embarazada podrá
ser privada de su libertad, ni será notificada con sentencia que le imponga
penas de prisión o de reclusión, sino 90 días después del parto”, y el Código
de la Niñez y Adolescencia, dice que “se sustituirá la aplicación de penas y
medidas privativas de libertad a la mujer embarazada, hasta noventa días
después del parto, debiendo el Juez disponer las medidas cautelares que sean
del caso. El Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con
discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente, por todo el tiempo
que sea menester, según las necesidades del niño o niña. El responsable de
la aplicación de esta norma que viole esta prohibición o permita que otro la
contravenga, será sancionado …”