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Diana Acosta de Loor

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En los últimos años, una de las actividades económicas que ha seguido en aumento, quizás por lo rentable, es la venta de pólizas de seguros de salud a ciudadanos ecuatorianos. Esta actividad se encuentra regulada por una amplia legislación y es controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

En Ecuador, el “sistema de seguro privado” es integrado por todas las empresas que realicen operaciones de seguros, las compañías de reaseguros, los intermediarios de reaseguros, los peritos de seguros, y los asesores productores de seguros; a éstos últimos se los conoce como “Brókers”, los cuales operan con relación de dependencia o sin ella.

El Bróker de Seguros tiene como actividad principal gestionar y obtener contratos de seguros a nombre de una o varias empresas de seguros y percibe una comisión por su intervención. Como toda actividad económica debidamente normada, dichos agentes tienen derechos, obligaciones y prohibiciones; por ejemplo, tienen prohibido “ofrecer seguros cuyos modelos de pólizas no estén aprobados previamente por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, y “ofrecer y/o gestionar y/o colocar pólizas de seguros de aseguradoras no constituidas ni establecidas legalmente en el país.”

Este virus es parte del género “Influenzavirus A” y técnicamente se la conoce como influenza A(H1N1), la cual ocasiona una infección respiratoria aguda, que en muchos casos ya ha causado la muerte. En el Ecuador, la cifra de infectados sigue en aumento.

Personalmente nunca le di a este virus la importancia que se merecía y cada vez que escuchaba las campañas que acertadamente hacía el Ministerio de Salud, mi prioridad estaba por otro lado hasta hace dos semanas en que la influenza tocó a mi puerta. Mi padre lleva más dos semanas internado en el hospital producto de esta gripe que derivó en neumonía, sus pulmones colapsaron y su corazón se infartó. Inmediatamente confirmado positivo para A(H1N1), un funcionario acudió al centro de salud a donde nos encontrábamos y me hizo llenar un formulario en el que tenía que anotar el nombre de todas las personas que habían estado en contacto con el infectado. Al día siguiente, una diligente brigada del Ministerio acudió a mi casa para evaluar a las personas que habían estado “en contacto” y descubrieron que mi esposo estaba contagiado y que si mis hijos presentaban los síntomas, que los lleve a un centro de salud. No podía creerlo, el ojo clínico de los brigadistas acertaron sin un examen previo. Incrédula como soy, procedí a realizarles de manera particular un examen carísimo ($300 cada uno) en un laboratorio, en el que se confirmó lo sentenciado.

Un buen momento para relajarse y aprender, son las cenas con las amigas de variado estado civil: solteras, casadas, y divorciadas de una, dos y hasta tres vueltas. En ésta ocasión, el menú verbal lo monopolizaron aquellas que siguen en busca del verdadero amor; unas porque aún no han encontrado a ese “príncipe azul” y otras, porque cuando creyeron haberse casado con uno, con el tiempo se dieron cuenta de que no era más que un “sapo”, y lo descartaron.

Con o sin hijos, ellas, al igual que muchas mujeres de más de 30 años, siguen en busca de su alma gemela; el problema está en que cuando el asunto comienza a ponerse serio, ellos, los que temen al compromiso, ejecutan todos los planes que conocen para estropear las cosas y salir con la trillada excusa de no querer “coartar su libertad”, la cual según algunos, es el bien más preciado que tiene el ser humano.

Hace algunos días leía en un medio de comunicación escrito un interesante artículo titulado “Su vida privada es pública”, el cual pone sobre el tapete el debate de cuán privada es su vida cuando los ciudadanos suben su información al internet.

La nota periodística refleja que “la nueva foto en Facebook, el nuevo tuit,” o “el nuevo video en YouTube”, una vez publicados le pertenecen al público, lo cual puede atentar contra el derecho a la privacidad que todos los ecuatorianos tenemos.

Ahora, cuando un adulto exhibe públicamente una foto suya o de sus amigos mayores de edad, podríamos asumir que éste acto fue perpetrado a entera voluntad de la partes; pero, cuando lo que se publica es la imagen de un niño, la cosa cambia, pues ese hecho implica la violación de un derecho.

La semana pasada, en un medio de comunicación denunciaron el terrible caso de una joven que fue asesinada en el Suburbio de Guayaquil. Su madre presentó la denuncia por el delito del que fue víctima su hija de 26 años, señalando como posible sospechoso a la pareja de la joven quien presuntamente le habría sacado un “seguro de vida” por cien mil dólares, figurando él, como su principal beneficiario.

Durante las investigaciones, la madre se entera de la existencia de ésta póliza y de que su hija, días antes de morir la habría cambiado a ella como única beneficiaria. La madre, ya enterada de dicha póliza, solicita a la Compañía de Seguros que le cancele los valores de indemnización según lo estipulado en el contrato; para su “sorpresa”, la respuesta que recibe por parte de la aseguradora es la siguiente: “para realizar el trámite respectivo de indemnización de la asegurada de la referencia enviada por usted, requerimos se nos envíe el pedido de desestimación emitido por el fiscal responsable de la indagación y orden de archivo emitido por el Juez Penal”.

En materia legal existe una figura jurídica llamada “procurador”, quien es un profesional del derecho que en virtud del apoderamiento ejerce la representación procesal de cada parte ante los juzgados y tribunales.

Nuestro Código de Procedimiento Civil dispone que “sólo los abogados en el ejercicio de su profesión podrán comparecer en juicio como procuradores judiciales y asistir a las juntas, audiencias y otras diligencias en representación de las partes cuando éstas no puedan concurrir personalmente.” Las partes en un proceso pueden ser personas naturales o jurídicas (compañías). La misma ley señala que los representantes legales o procuradores que no legitimen su personería, serán condenados como “falsos procuradores”, y “pagarán las costas, daños y perjuicios del incidente, aunque legitimaren su personería con posterioridad a la declaración”, pues la falta o insuficiencia de poder de quien compareció a nombre de otro sin ser ni estar debidamente designado, implica una violación a la ley.

En 1983, el Plenario de la Honorable Cámara Nacional de Representantes, derogó del Titulo VII del Código Penal ecuatoriano, todo el Capítulo I concerniente al adulterio. Es interesante conocer que, hasta esa fecha, el adulterio era considerado un delito en el Ecuador, reprimido con prisión de seis meses a dos años: “a la mujer que cometiere adulterio; a el correo de la mujer adúltera; a el marido cuando tuviere manceba dentro o fuera de la casa conyugal; y, a la manceba del marido”.

Sin embargo, el artículo siguiente decía que no podía: “el marido proponer acción de adulterio contra su mujer si ha consentido en el trato ilícito de ésta con el adúltero; o si, voluntaria y arbitrariamente, ha separado de su lado a su mujer, o la ha abandonado”.

Seguramente en aquella época los honorables legisladores debieron tener sus fundamentadas razones para que el adulterio ya no sea un delito y dejarlo únicamente como una mera causal de divorcio según el Código Civil; el cual por cierto, es difícil de comprobar, pues sólo puede estar sujeto a prueba conjetural, que debe apreciarla el Juez tomando en cuenta las presunciones graves, precisas y concordantes que aparezcan en el proceso.

A propósito del mes de festejos que vive mi lindo Guayaquil, es grato para muchos conocer felices noticias, en especial cuando ellas vienen bañadas de justicia.

Hace un par de semanas se resolvió en segunda instancia el polémico caso de un menor de edad con discapacidad, a quien se le negó el acceso a un seguro de salud privado en igualdad de condiciones por padecer una preexistencia. La sentencia declaró violentados los derechos constitucionales del menor por existir una clara discriminación al negarle el acceso a la salud. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Juez ordenó como medida compensatoria que “se repare integralmente el daño material e inmaterial causado por la vulneración de los derechos constitucionales”. La Reparación integral incluye entre otras: “la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción”, las disculpas públicas, la atención de salud, etc.

Dice el refrán popular que la mujer contrae matrimonio: de los 20 a los 25, si ella quiere, de los 25 a los 30, si él quiere, y de los 30 en adelante, si Dios quiere.

Estos primitivos conceptos eran tolerados por la sociedad ecuatoriana hasta los años 70, pero, actualmente, cuando la mirada moderna se nos impone en este mundo globalizado, la lectura debe ser con un lente diferente, de respeto al ser humano.

Hoy en día, nosotras ingresamos en igual número que los varones a las universidades, y por ello entre los 20 y los 25 nos encontramos estudiando; de los 25 a los 30 buscamos incorporarnos en un escaso mercado laboral a un trabajo estable; y, algunas, inclusive, estamos estudiando un cuarto nivel de educación.

Nuestra Constitución reconoce y garantiza a las personas el derecho a la “igualdad formal, igualdad material y no discriminación”, adoptando para tal efecto, medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad, pues en el Ecuador nadie puede ser discriminado por razones de discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción que tenga como resultado el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

En base a estos principios constitucionales, la Defensoría del Pueblo, el CONADIS y demás organizaciones de derechos Humanos, presentaron una Acción de Protección Constitucional en contra de dos compañías de medicina Prepagada, por la “presunta violación” a los derechos constitucionales y discriminación a un niño que padece síndrome de Down, al cual se le negó el acceso a un seguro de salud en igualdad de condiciones por padecer una preexistencia. La sentencia resultó favorable al menor de edad, declarando la misma que se le habían vulnerado sus derechos constitucionales, ordenando la reparación integral por los derechos lesionados. Las empresas demandadas apelaron la resolución.