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Diana Acosta de Loor

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Nuestra Constitución reconoce y garantiza a las personas el derecho a la “igualdad formal, igualdad material y no discriminación”, adoptando para tal efecto, medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad, pues en el Ecuador nadie puede ser discriminado por razones de discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción que tenga como resultado el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

En base a estos principios constitucionales, la Defensoría del Pueblo, el CONADIS y demás organizaciones de derechos Humanos, presentaron una Acción de Protección Constitucional en contra de dos compañías de medicina Prepagada, por la “presunta violación” a los derechos constitucionales y discriminación a un niño que padece síndrome de Down, al cual se le negó el acceso a un seguro de salud en igualdad de condiciones por padecer una preexistencia. La sentencia resultó favorable al menor de edad, declarando la misma que se le habían vulnerado sus derechos constitucionales, ordenando la reparación integral por los derechos lesionados. Las empresas demandadas apelaron la resolución.

Uno de los principios de la administración de justicia consagrados en la Constitución, es que “los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa”, y que “toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley”.

En este sentido y por la crisis que existía en la función judicial, el soberano se pronunció en la Consulta Popular del 2011 a favor de “meter mano en la justicia” con la finalidad de reestructurar el sistema judicial.

Públicamente varias autoridades han manifestando que “el Gobierno Nacional intenta que existan manos limpias en la justicia”, garantizando la independencia de la función Judicial a través de concursos de méritos y oposición para que esta noble labor sea administrada por los mejores, asignando para tal tarea, importantes recursos económicos, con el fin de erradicar de la justicia aquella imperante presión a los jueces, cumpliendo de esa manera con el mandato soberano.

Hace un par de “sabatinas” escuché al Presidente ser muy enfático al asegurar que no permitirá que se burle la Constitución, haciendo referencia a la Consulta Popular realizada en 2011, donde los ecuatorianos decidieron que se separe el poder financiero y el poder mediático de cualquier clase de poder económico.

Se denunció la existencia de ventas simuladas para evadir la ley y en pantallas gigantes citó el Art. 312 y la disposición transitoria Vigesimonovena de la Constitución, que rezan lo siguiente: “Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso… Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas.” Vigesimonovena: “Las acciones y participaciones que posean las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, en empresas distintas al sector en que participan, se enajenarán en el plazo de un año contado a partir de la aprobación de esta reforma en referendo.”

Luego de cuatro años, la tan debatida Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada y con ello saldada una de las deudas que la Asamblea tenía con el soberano.

Los detractores de dicha ley, que son varios, se han pronunciado al respecto de un “posible” monopolio publicitario que quizás beneficie a pocos, y de la “potencial” merma a la libertad de expresión; sin embargo, considero que hay algo muy importante y loable que debemos resaltar: la producción nacional.

Dice la referida Ley que los medios de comunicación audiovisual cuya señal es de origen nacional, deberán destinar de manera progresiva “al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo público a la difusión de contenidos de producción nacional”, y que éste contenido deberá incluir al menos un 10% de producción nacional independiente. A saber, el productor nacional independiente es una persona natural o jurídica que no tiene relación laboral, ni vínculo de parentesco, “ni vinculación societaria o comercial dominante con el medio de comunicación audiovisual” que difunde su obra.

Si bien nuestro “anticuado” Código del Trabajo indudablemente necesita un cambio que incorpore las nuevas conquista de los trabajadores, debemos recordar que nuestra Constitución dice que “los derechos laborales son irrenunciables e intangibles” y que “será nula toda estipulación en contrario”. Lo intangible, según reza el diccionario es aquello “Que no debe o no puede tocarse”, peor alterarse.

Las “remuneraciones adicionales” otorgadas como bonificaciones ocasionales o festivas que constan en nuestro Código Obrero, fueron creadas con el afán de mejorar las condiciones económicas de los trabajadores: El derecho que tienen los trabajadores a la decimotercera remuneración o bono navideño, que es equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario y se paga hasta el veinticuatro de diciembre de cada año; así mismo, la decimocuarta remuneración es una bonificación anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general, la cual es pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica, según el régimen escolar. Amabas no son consideradas como parte de la remuneración, por ende su valor no es incluido para el calculo del fondo de reserva, ni para el pago de las indemnizaciones y vacaciones.

A propósito de las reformas a la ley minera que se encuentran en debate en la Asamblea, en mi entrega anterior comenté que el problema fundamental para atraer la inversión minera son los impuestos. Muchos por desconocimiento piensan que el oro es como el petróleo, que solo se extrae y se exporta.

Equivocadamente se piensa que el oro esta en barras o lingotes dentro de la mina, que su proceso no sufre ninguna transformación y en consecuencia no existe IVA que devolver por su exportación.

Al respecto, es importante conocer que la explotación de los minerales es la primera parte de un largo y oneroso proceso que implica su transformación. Primero el inversionista debe de estudiar y ubicar dentro del subsuelo los minerales cuya explotación sea económicamente rentable. En esta fase no hay ingresos, sin embargo se requieren los respectivos permisos de la autoridad.

Con el afán de aprovechar los recursos naturales, y hacer de la minería un motor de desarrollo, el ejecutivo remitió a la Asamblea con carácter de económico urgente, un proyecto de reforma a la normativa minera que tiene por objeto atraer la inversión extranjera. Sin embargo para los entendidos en la materia, el problema de la minería continua siendo el mismo: impuestos.

A saber, los costos de producir una onza de oro son aproximadamente el 60% del precio, es decir que la utilidad bruta de producir esta onza es del 40%. A ese 40% hay que restarle el 15% de las utilidades laborales, más los costos de transporte, seguros y refinación. Luego de todos esos gastos e impuestos se tiene una utilidad neta la cual es gravada con el 50% de impuesto a la renta, cumpliendo así con el mandato constitucional de que el estado “participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”.

Si bien es cierto que los accidentes de tránsito se han reducido notablemente desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, esta suerte no es igual para ciclistas y motociclistas para quienes las calles siguen siendo una amenaza.

Hemos visto en los diferentes medios de comunicación como conductores irresponsables han atentado contra la vida de varios deportistas, lo cual ha ocasionado el público rechazo de la ciudadanía, pues ni las figuras de TV se han salvado.

El pasado jueves 16 de mayo en la ciudad de Guayaquil, un compañero motociclista fue embestido por un vehículo que no respetó las señales de tránsito, y segó la vida de un ser humano, que era hijo, esposo, pero sobretodo padre de tres pequeñas, para quienes su querido papá ya no regresó más del que era un paseo por la ciudad, debido a la de negligencia, imprudencia, e inobservancia de las leyes de tránsito de un conductor que hoy se encuentra preso por el delito que cometió, y esperamos que sobre él, se aplique toda la severidad de la ley.

Uno de los logros más importantes de este gobierno, ha sido acabar con la injusticia social que se cometía a diario contra personas discapacitadas, pues como dijo el vicepresidente Lenin Moreno, una “sociedad miserable trataba de invisibilizarlos”.

Felizmente esta realidad ha cambiado. En estos días aquellos con capacidades especiales reciben la atención prioritaria y preferente que merecen, sin discriminación alguna, de conformidad con los principios contemplados en nuestra Constitución, por ello, la Ley Orgánica de Discapacidades otorga a este grupo históricamente vulnerado, varios beneficios sociales que en muchos casos son desconocidos por la ciudadanía.

A saber: derecho a acceder a servicios de seguros privados de salud y de medicina prepagada, sin cláusulas de exclusión por motivos de preexistencias y sin incrementar los valores regulares de los mismos; estabilidad laboral en el trabajo; crédito preferente en las entidades públicas crediticias; créditos quirografarios reduciendo en un 50% el tiempo de las aportaciones; 50% de descuento en la tarifa regular en los servicios de transporte terrestre público y comercial, urbano, parroquial o interprovincial y aéreo; exoneración del 50% en las tarifas de los espectáculos públicos.

Dice nuestra Constitución que nadie podrá ser discriminado por su lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, estado civil, religión, filiación política, orientación sexual, discapacidad, etc., en base a éstos preceptos para y que nadie se sienta discriminado, se busca reformar nuestro documento de identidad.

Uno de los cambios más publicitados, ha sido la propuesta de un colectivo que con todo su derecho, solicita cambiar la palabra sexo por género, sin embargo nótese que género y orientación sexual, según la propia Constitución, no son lo mismo. Según el Diccionario, género es “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”, “clase o tipo a que pertenecen personas o cosas”, “tela o tejido”.