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Diana Acosta de Loor

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Decía el filosofo chino Confucio, que “la ignorancia es la noche de la mente: pero una noche sin luna y sin estrellas”.

Hace un par de días escuche decir a una persona que la palabra “asalariado” era “un insulto”; lo cual me trasladó de inmediato a la antigua Roma, para recordar la noble labor de los soldados romanos que cuidaban la ruta donde se construía el camino llamado “Vía Salaria”, que llevaba hasta las salitreras de Ostia, los cuales recibían su pago en sal; llamado “salarium argentum” (agregado de sal).

Etimológicamente viene del Latín “salarium”, que significa “pago de sal, o por sal”, dado que la sal en la antigüedad era muy importante, pues era una de las pocas maneras que se tenía de conservar la carne, poniéndola en “salazón”.

Dice la Constitución de la República del Ecuador, que se reconoce y garantizará a las personas, entre otros derechos, “el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen.”

Sucede en muchas ocasiones, que hasta nuestro domicilio o lugar de trabajo llegan por equivocación, cartas, o estados de cuenta que no nos pertenecen, y de los cuales visiblemente no somos los destinatarios. En aquellos casos, debemos recordar que la correspondencia es inviolable y por ende no se la puede abrir, pues hacerlo constituye un delito, así como también lo es las famosas “pinchadas” o “intervención” de los teléfonos.

Imaginemos por un momento, que usted amable lector, hace más de 20 años ingreso a trabajar a una empresa, como empiezan casi todos los ecuatorianos, desde abajo; luego, por sus méritos propios la empresa lo asciende hasta el puesto de Gerente con poder para representarla; posteriormente, su Jefe decide despedirlo.

Usted acude a reclamar sus derechos a un Juzgado del Trabajo y allí se encuentra con la peregrina tesis de los abogados del patrono de que usted, por haber sido “Gerente”, ya no tiene derechos laborales y por ende no tiene derecho a indemnización alguna, pues según esta equivocada y cruel tesis, su relación se volvió civil y comercial.

Hace un par de días leía un editorial titulado “Jueces Cobardes”, donde su autora mencionaba que “cualquier razón que no justifique la severidad de la ley, es cobardía.” Yo diría más que cobardía: “dolo, negligencia, o error inexcusable”.

La percepción de que estas reprochables situaciones acontecen en nuestro país, no es de pocos, ni de ahora, pues han sido décadas de una justicia secuestrada, de allí lo loable que el nuevo Consejo de la Judicatura esté poniendo mano dura contra todos aquellos malos elementos que ofenden a todo un sistema de justicia. El Código Orgánico de la Función Judicial contiene un capítulo dedicado exclusivamente al régimen disciplinario, que es aplicable a jueces y fiscales cuyas sanciones van, desde la amonestación escrita hasta la destitución según la severidad de la infracción.

El pasado jueves 28 de febrero de 2013, fue un día histórico en el reconocimiento de los derechos fundamentales que tenemos los ecuatorianos, y que causó un precedente jurisprudencial importantísimo para todas aquellas personas que padecen alguna discapacidad.

Un Juez de Guayaquil aceptó la acción constitucional de protección, planteada por la Defensoría del Pueblo, en contra de dos compañías de seguros de salud que “presuntamente” habrían negado la cobertura a un niño con síndrome de Down.

Pese a que los demandados argumentaron que aún no existe una normativa secundaria como un reglamento, para poder aceptar en sus seguros a personas con discapacidad, la Constitución es clara cuando dispone que los derechos y garantías serán de directa e inmediata aplicación y que “no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento.”

La expresión “amicus curiae”, significa “amigo de la corte o amigo del tribunal”, y es la persona o grupo de personas que voluntariamente intervienen en un litigio de carácter constitucional.

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dispone en su artículo 12 que “cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa podrá presentar un escrito de amicus curiae que será admitido al expediente para mejor resolver hasta antes de la sentencia.” El tercero interesado que interviene como “amicus curiae” no es parte procesal, pero es un mecanismo de participación ciudadana que nos permite a los ecuatorianos participar en procesos constitucionales donde existan intereses supraindividuales y se lesionen derechos fundamentales.

Dice nuestra Constitución que nadie podrá ser discriminado por razones de discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, y la Ley Orgánica de Discapacidades, dispone que los contratos de las compañías de seguros privados de salud, no podrán contener cláusulas de exclusión por motivos de preexistencias, prohibiendo que se le niegue la cobertura a personas que padezcan alguna discapacidad.

En ocasión de la campaña electoral, con mucha pena escuche en un canal de televisión referirse de manera burlesca a los “hermanos Numerarios del Opus Dei”.

Como católica, es mi deber referirme a estas expresiones, pues seguramente muchos ignoran el significado de esas palabras.

El Opus Dei (Obra de Dios), es una institución de la Iglesia Católica que pregona la santificación por medio del trabajo.

Esta prelatura personal difunde el mensaje de que el trabajo y las circunstancias ordinarias de nuestra vida son ocasión de encuentro con Dios, de servicio a los demás y de mejora de la sociedad. Va dirigido a todos según las circunstancias personales de cada uno: solteros, casados, profesionales, etc., la vocación personalizada es según la disponibilidad.

Montañita

Este no es el diario de una motociclista, ni pretende serlo; pero podría ser un ligero relato de lo que se aprecia rodando desde una moto.

El último fin de semana de enero, se llevo acabo el “Primer Paseo de Integración Bikers”, en donde motociclistas de varios rincones del país viajamos hasta la “paradisiaca” playa de Montañita, para disfrutar un momento agradable entre amigos que comparten una misma afición: sentir la libertad.

Como felizmente éste no es un “Club de Toby” (solo de hombres), mi esposo y yo tomamos nuestras Harleys y nos dirigirnos al encuentro con los demás motociclistas. Al llegar, se divisaba una marea humana que con sus mejores atuendos “motociclísticos”, estaban listos a emprender un viaje a menos de 100 km por hora, pues pese a que a muchos les gusta “correr”, el miedo a pasar tres días en la cárcel nos impedía acelerar.

Una reforma constitucional aprobada mediante consulta popular en mayo de 2011, prohibió que los bancos y los medios de comunicación tengan inversiones en sectores ajenos a su ámbito. Decía particularmente que en las instituciones del sistema Financiero Privado, “sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera”.

A raíz de ello se creo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que dirige su artillería pesada contra los propietarios de empresas dedicadas a la actividad financiera, disponiendo que quienes posean directa o indirectamente negocios vinculados ajenos a estas actividades, debían enajenarlos obligatoriamente, no pudiendo venderlos “a favor de personas jurídicas vinculadas ni a favor de parientes hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.

Aunque dice nuestra Constitución que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario, existe una máxima en derecho que dice que: “a confesión de parte, relevo de prueba”.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al “confeso” como la persona “que ha confesado su delito o culpa”; y el Diccionario Jurídico de Cabanellas lo describe como el “reo que ha reconocido o relatado su delito”.

Hace 3 semanas los ecuatorianos fuimos testigos de como un funcionario gubernamental confesaba públicamente “la falsificación de su título profesional de economista”, para posteriormente irse a Miami. Ante estos penosos acontecimientos el Presidente de la República, la Cancillería y a la Embajada del Ecuador en Washington, gestionaron la revocatoria de la visa del ex funcionario por la “presunta falsificación” de la que “confesó ser autor”. La consecuencia de confesar un delito, fue que la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia, una orden de prisión preventiva.