El Derecho ecuatoriano, se está reinventando y se pretende que resulte lícito y normal que un notificador del Ministerio que se supone defiende los derechos de los trabajadores, se presente en cuanta entidad pública se le ordene, al mando de un grupo policial, y retire de su lugar de trabajo a centenares de servidores, con la coerción de la presencia de los uniformados y exigiéndoles además, que firmen su renuncia a título de “voluntaria” para logar así un despido intempestivo que se lo podría calificar de desempleo sin anestesia.
El marco legal para tal procedimiento, lo constituye un decreto presidencial No. 813, dictado el 7 de julio del presente año, que dispone que las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias –sic- con indemnización conforme a lo presupuestado, pagadero en efectivo.

