Con el pretexto de que cada país es soberano, el crimen de Estado está buscando, con mucho ahínco, su institucionalización. Una especie de poseer un coto propio de caza humana. O sea, el linchamiento, individual o colectivo, de todo aquello que sea oposición al poder político instalado. Más aun cuando el accionar gubernamental ha sido logrado por algún tipo de elección. Sin importar si sus procedimientos son legales. Legítimos o no. El asunto es que una vez con las riendas en las manos, la discrecionalidad del mando sobre la disposición de los recursos, económicos, administrativos y sobre todo, militares, resulta válida. Y hasta la defensa de esta validez pasa a la categoría de incuestionable. Por cierto, el temor, el miedo, la persecución es el respaldo “filosófico” de semejante boicot a la vida…
Con Siria sucede casi igual que con los otros países árabes, en cuestionamiento popular desde hace algunos años. La mayoría de sus autoridades, jefes y ministros, han aceptado su permanencia a través del socorrido . Prácticamente, desde la retirada de Francia en 1946, fecha en la que aparentemente pasaba a ser independiente, Siria ha venido de tumbo en tumbo, soportando regímenes de facto. Incluso es la forma amañada politiquera mediante la cual Hafez Al-Assad asume el poder, en 1970 para no irse hasta el 2000, en que fallece. Tiempo, por demás suficiente, para alzarse, en connivencia con los militares, con todas las instancias del manejo de la cosa pública. Después resultó fácil ordenar una dictadura in crescendo, en referencia a exigir una devoción social para sí. Sin libertades. Con ausencia de derechos humanos y sociales. Imposición de un partido único oficial. Prohibición de todo tipo de movimientos que ponga, en relación activa, quejas o contradicción con el gobierno.