El Decreto Presidencial del 28 de abril de 2011 dispuso que todos “los órganos, organismos y entidades de la Función Ejecutiva”, pongan en práctica “todas las medidas legalmente necesarias” para que “se viabilice y facilite la ejecución” del proyecto: “Metro de Quito”.
La peculiar redacción del Decreto le da un giro especial a toda la administración pública: No es que la capital sirve para administrar el Estado sino que todo el Estado debe servir para atender a un proyecto de la capital. Parecería una exageración, pero es exactamente lo que dispone el Decreto.
Como parte de la promulgada alineación del Estado Central a los intereses de la Capital, se ordenó en el mismo Decreto que el Ministerio de Finanzas utilice los impuestos de todos los ecuatorianos para concretar el financiamiento “en al menos el 50% de su costo, de conformidad con el presupuesto y la programación del proyecto que se derive de los estudios en ejecución”. Dicho en dólares: al menos 50% “de lo que cueste”, siendo que apenas el primer ramal ya ha sido estimado en 1.386 USD Millones. Dicho en tiempo: en el plazo que sea; y ya han anunciado que el proyecto sólo podría ser autosustentable a partir del año 2030.


