A inicios de 2009 la crisis financiera mundial golpeaba los mercados generando recesión económica en la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo. La economía ecuatoriana no fue ajena a este suceso y sufría el embate de la crisis a través de tres canales: disminución de nuestras ventas al mundo, disminución de las remesas que enviaban los migrantes y disminución del precio del petróleo.
En aquel momento se preveía que el crecimiento económico que en los dos últimos años había sido impulsado por un elevado gasto público iba a tener una drástica caída, ya que la inversión privada había sido en gran medida desplazada por la pública que depende de los ingresos petroleros, y efectivamente se concreto, ya que en 2009 según organismos internacionales la economía ecuatoriana decreció en 1% y según fuentes oficiales creció 2%. Ante este escenario de bajo crecimiento y disminución de las exportaciones, la política comercial del gobierno introduce salvaguardias con el fin de desincentivar las importaciones y atenuar el déficit comercial.
“Desgraciado el pueblo y siempre precaria su constitución, si su bienestar debe depender de las virtudes y de la conciencia de ministros y políticos”
Bernard De Mandeville
Imaginemos la siguiente escena: raudo un hombre que viste de saco y corbata y su guardia entra al mercado donde en cientos de puestos se expenden toda clase de víveres, revisando un papel que hace las veces de recordatorio del listado oficial de precios, se da cuenta que en varios de los puestos los precios son superiores al precio oficial, sin mediar explicación alguna acusa de “especulador” al comerciante y lo compele a bajar los precios para no aprovecharse del “hambre de pueblo” so pena de ir a la cárcel.
Los ecuatorianos estamos en constante búsqueda de un cambio de modelo económico – político que se traduzca en mejoras reales significativas en el nivel de vida. El ámbito de la administración pública no queda excluido y de hecho, representa la puesta en práctica del cambio. El modelo centralista de poder gubernamental que nos ha caracterizado desde el inicio de la república junto con la paternalista centralización administrativa, acentuada en el transcurso del siglo XX, han sido una de las principales causas de todas las crisis económico – políticas que ha sufrido el País. Es hora de buscar alternativas y qué mejor que “mirar” al mundo para encontrar los modelos de desarrollo que funcionan. La incapacidad de la planificación centralizada para lograr eliminar la pobreza hace que las autonomías se presenten como el camino a seguir, veamos por qué:
Las Autonomías y la eficiencia.
La eficiencia en el desempeño de las autonomías se explica con el mismo criterio del funcionamiento de una economía de mercado, trasladando los principios del proceso de mercado a la organización política. Es decir, la eficiencia en la economía de mercado se da cuando entre los actores que intercambian bienes o cualquier otro valor, no existe exclusividad por la fuerza. Si en el mercado un determinado productor ofrece un bien que no satisface las necesidades del consumidor, o simplemente es relativamente “peor” al ofrecido por otro productor, el consumidor tiene el “derecho” a escoger el producto que más satisfaga sus requerimientos. Este sistema de competencia premia e incentiva, trasladando ganancias, a quienes ofrecen lo que el consumidor necesita, garantizando la oferta permanente de dichos bienes deseados y el constante incentivo a la eficiencia por la competencia existente. Trasladando dicho razonamiento al sector público, el consumidor/votante podría elegir la región o autonomía provincial que más satisfaga sus preferencias de bienes públicos y marco institucional. En nuestro caso, las autonomías pueden ser entendidas como regímenes federales con una circunscripción territorial provincial. Con un gobierno central las condiciones para el consumidor/votante están dadas y no tiene opciones, bajo un sistema de autonomías sucede lo contrario, ya que estas tienen sus ingresos y gastos muy relacionados con la existencia en su territorio de dicho consumidor/votante, y este a su vez se establecerá en la región que mejor satisfaga su juego de preferencias.
De implantarse este sistema de competencia entre las organizaciones políticas ecuatorianas, esto resultaría en una “camisa de fuerza” que evitaría que los políticos exploten a sus ciudadanos y empresas, tanto en el ámbito del gobierno central como en la autonomía provincial. En el primer caso, el gobierno estaría limitado porque los recursos estarían repartidos entre las diferentes autonomías y su campo de acción sería limitado y transparente; mientras que en el segundo, las autonomías provinciales estarían limitadas por la capacidad del consumidor/votantes de movilizarse.
A la capacidad de movilizarse del consumidor/votante muchos académicos le llaman el “voto con los pies”, que como hemos visto no hace referencia al voto no meditado. Más bien, se refiere a una forma de votar muy racional e íntimamente ligada a la naturaleza humana, el emigrar hacia donde existen más oportunidades para mejorar el nivel de vida de uno y de su familia. Para los ecuatorianos y para la mayoría de latinoamericanos este tema sólo se lo podría relacionar con la tristeza de familias separadas y remesas. Pero hoy tenemos la oportunidad, una vez más, de implementar cambios para el bien de todos. Veamos como este sistema ha funcionado en otros lugares como Europa y EE.UU. Comencemos por EE.UU.: hace un par de meses atrás, en una conversación con Don Manuel “Muso” Ayau, fundador de la prestigiosa Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, me señalaba que un pilar fundamental del desarrollo norteamericano ha sido el “voto con los pies”. Ciertamente, decía él, la burocracia y los políticos norteamericanos poco o nada se diferencian de los nuestros. Lo unos, para conseguir votos, ofrecen todo lo posible y lo imposible a los votantes; mientras que los otros, burócratas, para garantizar su estabilidad en su privilegiado trabajo, presionan al alza el gasto público, con la siempre políticamente correcta justificación del “gasto social”. Pero, a diferencia de lo que tenemos en Ecuador, ellos tienen a 50 Estados, 50 modelos sociales compitiendo entre sí para atraer a los inversionistas nacionales y extranjeros. Y no sólo los inversionistas, ya que, como la masa profesional obrera puede trasladarse de un lugar a otro, un Estado que ahuyenta inversionistas con exageradas regulaciones, tasas elevadas de impuestos, poca estabilidad de reglas y todo lo demás a lo que los ecuatorianos estamos acostumbrados, pierde parte importante de sus contribuyentes, que como es normal, se trasladan a los Estados donde más riqueza y puestos de trabajo se crean. Este hecho, ha sido el factor decisivo para impedir que los demagogos y la poderosa burocracia norteamericana saque del camino del desarrollo a los EE.UU.
El mismo fenómeno se está repitiendo en Europa. Este año Europa crecerá, por primera vez en seis años, a una tasa más alta que EE.UU. Stefan Theil de Newsweek, indica que “más que una política individual inteligente […] la clave de la reactivación de Alemania es la forma en que la UE ha fomentado la competencia tanto entre empresas como entre países miembros por las mejores políticas para crear empleos y aumentar el crecimiento”. Desde el 2004, la UE se convirtió en 27 Estados en plena competencia de modelos sociales donde su gente demuestra su disgusto o felicidad “votando con los pies”. Eslovaquia, Estonia, Irlanda, por mencionar algunos, con su simplificación tributaria, garantías para la inversión, apertura de mercados, obligan a los tradicionales países más dados al intervencionismo del Estado a que replanteen sus políticas sino quieren quedarse sin contribuyentes. Theil, citando al ex primer ministro de Eslovaquia, señala que “el impuesto plano de 19% que implementó no sólo benefició a los eslovacos sino a muchos más […] la competencia dentro de la UE por los impuestos y el modelo social es la mejor forma de hacer competitiva a Europa”. ¿Qué sucedería si pusiésemos a Ecuador en medio de Europa? Nuestro modelo social que ha dado lugar a que, según el informe haciendo negocios del Banco Mundial (www.doingbusiness.org), seamos uno de los países con más trabas a la creación de empresas, con rigideces en la legislación laboral, arbitrariedad en hacer respetar los contratos, poca garantía para la inversión y débil derecho a la propiedad, haría que inmediatamente los ecuatorianos busquemos los países con hacedores de políticas más eficientes para vivir. Luego, vamos por mal camino si creemos que la intervención activa del Estado va a solucionarnos los problemas de empleo y pobreza, pero lamentablemente vivimos encerrados en la miopía de nuestros demagogos y un cambio de rumbo no se ve en el corto plazo, a menos que implementemos un modelo de competencia entre las organizaciones políticas, autonomías provinciales.
Que mejor para quienes creen que el socialismo del siglo XXI (entendido como la propuesta del presidente de Venezuela, Hugo Chávez) es el camino a seguir, que comparar sus resultados con un modelo de libertades. Al igual que Europa y EE.UU., pongamos a competir modelos de desarrollo, uno como el guayaquileño, dado a la apertura comercial y a la atracción de inversiones; con el que promueve el gobierno, dado al desarrollo hacia adentro o restringido a Sudamérica, o con el modelo manabita o el esmeraldeño, etc. El “voto con los pies” definirá cual es el exitoso, y capaz con esto por fin, encontremos la vacuna contra los politiqueros demagogos.
Leyendo la exposición de motivos y los considerandos en la reforma tributaria planteada por el presidente Correa, me surge la duda si estamos hablando de la misma propuesta; pues se señala que el sistema tributario debe “dinamizar la economía, estimular el ahorro, la inversión y mejorar la distribución de la riqueza”; apela a la “práctica económica a lo largo de la historia” como lecciones para una correcta política monetaria y fiscal. Y en el caso del contenido de la propuesta, está muy lejano de cumplir los asertos iniciales que justifican su presentación.
En términos generales, la propuesta destruye riqueza porque afecta gravemente la capitalización futura de la economía ecuatoriana a través de la creación del impuesto a la salida de capitales, del incremento del impuesto a la renta a las personas naturales y del impuesto a las herencias; además, destruye las “autonomías al andar” que tanto buenos resultados han dado a las ciudades cuando re-centraliza los recursos de las donaciones del 25% del impuesto a la renta, derogando la Ley que permitía esa renta a los Municipios y consejos provinciales y derogando la Ley que permitía brindar beneficios tributarios para empresas que hagan nuevas inversiones productivas. Sólo en estos puntos nos vamos a centrar pues son los que consideramos de los más nocivos; pero la reforma es de tal magnitud que se necesitaría muchos más espacio que el asignado para comentarla. Asimismo, vale decir que no todo es malo en la propuesta, el régimen impositivo simplificado que se plantea es positivo y va en el camino correcto en que debe avanzar nuestro sistema tributario, la simplificación.
- La creación del impuesto a la salida de divisas (ISD) con una tarifa del 0,5% tiene una justificación de lo más ingenua, se señaló por el principal del SRI que este impuesto trata de evitar la salida de los capitales “golondrina” o especulativos, esto es como decir que la fiebre de un niño enfermo va a disminuir poniendo hielo al termómetro. El principal del SRI parte del supuesto de que los agentes económicos no van a reaccionar ante los actos del gobierno, lo cual es falso. Ya que un inversionista ahora debe introducir en su análisis el costo de este impuesto, además de la incertidumbre de que lo puedan incrementar en cualquier momento. Por este último motivo es irrelevante que el impuesto sea del 0,5 o del 0,1, lo negativo es que exista y lo más probable es que logren el cometido de que no salgan capitales, pero debido a que muy probablemente poco capital nuevo llegará al país, afectando la creación de puestos de trabajo. Esto es sumamente grave si tomamos en cuenta que en lo que va del año la inversión extranjera directa en el país no es más allá de US$500 millones y la inversión societaria es muy pobre. Si siguiéramos la exposición de motivos de la propuesta deberíamos hacer lo que hace Perú, apertura de mercados y simplificación de tributos, para muestra un botón, la inversión extrajera directa en Perú este año superará los US$15 mil millones y su crecimiento económico bordea el 8%.
- El incremento del impuesto a la renta de personas naturales bajo el paraguas “políticamente correcto” de que quien más tiene más debe pagar, también afecta la capitalización de la sociedad y lo que en primera instancia parece progresivo termina siendo regresivo. Me explico: Necesitamos que se generen mayor cantidad de empresas, que son las que brindan oportunidades de trabajo; empero, la fijación populista de la redistribución del ingreso a través de un sistema tributario progresivo tiene efectos regresivos, es decir, afecta a los que en primera instancia quería no perjudicar. Cuando se grava progresivamente la renta de una persona natural o jurídica, ésta tiene menos recursos para invertir y tiene menos rentabilidad para repartir, en cualquiera de los dos casos la inversión final es menor. Esta reducción de la inversión ocasionará una menor tasa de capitalización, con lo cual el nivel de ingresos y salarios en términos reales también será menor de lo que hubiese resultado si se permitía la canalización de la nueva inversión. Sin nueva inversión en una sociedad no se generan más empresas, sin nuevas empresas que brinden más y mejores trabajos, el desempleo se incrementa y, los empleados, dada la poca competencia por obtener sus servicios, no tienen la posibilidad de obtener trabajos mejor remunerados. En suma, un impuesto progresivo a la renta es un castigo progresivo a la eficiencia, que obviamente afecta a toda la sociedad, pero más a los más pobres, pues limita su posibilidad de obtener empleo, en el peor de los casos y dificulta el obtener mejores salarios a los ya empleados, en el menos malo. Una alternativa al impuesto progresivo, que podría plantearse en la Asamblea Constituyente, es un impuesto proporcional fijo, es decir una tasa igual a todos los contribuyentes, de seguro habrá quienes sostengan, demostrando su desconocimiento de los procesos económicos, que el sistema proporcional es algo perjudicial para los más pobres, pues siempre sale a relucir el discurso populista, “los que más tienen deben pagar más”. Lamentablemente este concepto es bastante aceptado. Por desconocimiento o mala intención estamos generando una sociedad donde cada día hay más pobres y menos ricos. Cuando deberíamos implementar un conjunto de instituciones sociales que generen más ricos y menos pobres. El impuesto plano como se lo conoce en el mundo académico por los trabajos de Alvin Rabushka y Robert Hall, ha demostrado su efectividad donde se lo ha implementado. Hong Kong, Estonia, Letonia y últimamente Rusia, son algunos de los países donde existen impuestos planos. El caso de Rusia es digno de destacar, a partir de enero de 2001, se elimino el impuesto progresivo a la renta que tenía un techo máximo de 30% y se lo reemplazó por un impuesto proporcional plano de 13%. Supuestamente se debió haber recaudado menos, pero sucedió exactamente lo contrario. No es una hipótesis teórica, es una realidad contundente, como señala Rabushka. Para el primer año la recaudación de este impuesto se incrementó en 28% en términos reales (restada la inflación), para el 2002 se incrementó en 20,7%. En el 2000 el impuesto a la renta representaba el 12% de los ingresos tributarios de Rusia, para el 2002, con un impuesto proporcional fijo de 13%, representaba 15,3% de dichos ingresos. Las ventajas de un impuesto a la renta proporcional fijo son evidentes: distorsiona en menor medida el proceso económico y hace más eficiente la recaudación. La propuesta del presidente Correa va por el sentido contrario, incrementar el techo del impuesto.
- El impuesto a la herencia de hasta el 70% es algo confiscatorio, pero va acorde con la visión de este gobierno de castigar el éxito económico. Si bien es cierto que se debe sancionar la riqueza mal habida, no es menos cierto que la bien habida debe ser motivo de elogio y ejemplo. Con un impuesto de hasta el 70%, lo que se hace es introducir los incentivos para que trasladar recursos familiares ya no a las empresas radicadas en el país sino comenzar a mudar operaciones a sociedades donde los derechos a la propiedad estén bien salvaguardados, una vez más la reforma introduce los incentivos para disminuir la capitalización de la sociedad, eso estimado lector se traduce sencillamente en menos empleo.
- Los dos últimos puntos mencionados al inicio dan muestra, una vez más, de la subordinación de la economía a la política, la re-centralización de recursos que actualmente se canalizaban directamente a Municipios y Consejos Provinciales, muy probablemente responde al afán del gobierno de centralizar el poder, y que mejor que controlar los recursos que manejan sus opositores. El problema es que en el camino, destruye lo que había dado tan buenos resultados en los últimos años, la “Autonomía al andar”, ya que deja sin una fuente importante de recursos sobre todo a los pequeños Municipios, ya que las rentas de marras representan parte importante de sus presupuestos.
La constante ausencia de reformas tributarias que realmente incentiven la creación de empleo tiene su origen en lo que Henry Hazlitt llamó la diferencia entre un buen economista y uno malo. Al respecto dijo: “La persistente tendencia de los hombres a considerar exclusivamente las consecuencias inmediatas de una política o sus efectos sobre un grupo particular, sin inquirir cuáles producirá a largo plazo no sólo sobre el sector aludido, sino sobre toda la comunidad. Es, pues, la falacia que pasa por alto las consecuencias secundarias. En ello consiste la fundamental diferencia entre la buena y la mala economía. El mal economista sólo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. El primero tan sólo contempla las consecuencias directas del plan a aplicar; el segundo no desatiende las indirectas y más lejanas. Aquél sólo considera los efectos de una determinada política, en el pasado o en el futuro, sobre cierto sector; éste se preocupa también de los efectos que tal política ejercerá sobre todos los grupos”.
Esta reforma tributaria, de aprobarse, podría tener efectos negativos en la creación de empleo en una cuantía que sólo el tiempo nos dirá, pero lo que sí es cierto es que no sólo va a afectar a los sectores involucrados sino al conjunto de la economía en el corto y largo plazo. La dicotomía planteada en la reforma entre equidad y eficiencia se limita a sólo equidad, pero equidad en la pobreza, consecuencia directa de la miopía de nuestra clase política. Ecuador necesita tener una visión de País, conformado por ciudadanos libres y responsables y limitando el ámbito de la política a las cuestiones netamente relacionada con ella, el hecho de que la economía en el País esté subordinada a la política ha sido el peor lastre al cual nos hemos tenido que enfrentar. Los Asambleístas tienen una gran responsabilidad con el país, porque los cambios deben ser para bien, no para peor, así que, parafraseando a James Madison, espero que la Asamblea no ceda al impulso de pasiones violentas y repentinas, ni se deje seducir por líderes facinerosos para tomar decisiones perniciosas e inmoderadas.
