El QUINTO poder

En medio de las novelerías que incluyó la Constitución correista de 2008, estuvo esa pretensión “revolucionaria” de aumentar dos funciones a las tres en que tradicionalmente se ha dividido el Poder del Estado. De manera que a las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial, se agregaron la Electoral (cuarta), y la de “Transparencia y Control Social” (quinta). En verdad la electoral ya existía; y aunque no reconocida formalmente como una Función, sí tenía cierta independencia del ejecutivo, con la cual en teoría por lo menos. se garantizaba algún grado de imparcialidad en los procesos de su competencia. La novelería estaba en la Quinta Función. O en el Quinto Poder, como también se la conoce. 

La Función de Transparencia fue introducida por los mismos asesores españoles —unidos umbilicalmente a PODEMOS— que hicieron también de las asambleas constituyentes de Venezuela y Bolivia, una especie de laboratorio político para crear en probeta y con ropaje constitucional, el socialismo del siglo XXI. Está integrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias. (Art. 204, Constitución), cuyos representantes conforman una “instancia de coordinación” teniendo entre sus atribuciones y deberes las de formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas y “articular la formulación del. plan nacional de lucha contra la corrupción” (Art. 206) 

Queda claro, entonces, que el CPCCS es apenas uno de los integrantes de esa “instancia de coordinación” que es la Función de Transparencia. No es el Quinto Poder como se lo ha pretendido identificar. Sus atribuciones y deberes están claramente determinadas en la Constitución y en la Ley Orgánica del CPCCS, siendo una de ellas, designar a varias altas autoridades del Estado: Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General, Contralor, Procurador, Superintendentes, además a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional de la Judicatura. Otras de sus atribuciones se refieren a la lucha contra la corrupción, actuando como parte procesal en los juicios que con este fin se instauren; y a promover la participación ciudadana y establecer mecanismos de rendición de cuentas del sector público, (Art. 208 de la Constitución) 

Hasta antes del correato, todas las designaciones que pasaron a ser competencia del CPCCS, las hacía la Función Legislativa. Y para arrebatarle a la legislatura tales competencias, se usó el argumento de que los nombramientos respondían a un reparto obsceno de las cuotas de poder entre la partidocracia representada en el Congreso. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, porque el sistema implantado desde la Constitución de Montecristi, estuvo diseñado para asegurar la impunidad de los actores precisamente de hechos de corrupción que al CPCCS le tocaba investigar, denunciar y hacer sancionar. La realidad se encargó de evidenciar que la Función Legislativa se negó literalmente a ejercer la fiscalización que le correspondía. Y que el CPCCS registra en su palmarés con letras de oro, los nombramientos de quienes terminaron siendo cabezas de la corrupción que —ironía de las ironías— querían atacar… 

Por: Enrique Macías Chávez 

En efecto: antes de las reformas constitucionales dispuestas por la Consulta Popular de febrero de 2018, la “selección” de los 7 miembros del CPCCS estaba a cargo del Consejo Nacional Electoral, mediante concurso público de oposición y méritos “entre los. postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía”. Y bajo manga tan ancha, el gobierno de Correa cooptó al organismo. La elección por sufragio directo, dispuesta por la Consulta Popular no dejó libre al CPCCS de ser nuevamente cooptado por el mismo correato, dando por resultado la presidencia de José Tuárez. 

Tuárez se ha convertido en una especie de piedra en el zapato de la institucionalidad que el CPCCS Transitorio, bajo la dirección de Julio César Trujillo, puso en marcha. Incomoda tanto, que no ha tenido reparo en comparecer ante una de las Comisiones de la Asamblea, para desafiarla y negarse a responder los requerimientos de los legisladores. Parece inminente un juicio político, que lo terminaría censurando por haber violado la prohibición expresa que consta en la Ley Orgánica del CPCCS, de realizar proselitismo político, (Art. 45.1) Y en medio del debate por las actuaciones de Tuárez, toma fuerza una campaña que busca —por reforma constitucional— eliminar o recortar las atribuciones del Consejo. 

Pero el Quinto Poder más parece parto de los montes: mucho ruido, para apenas parir un ratón. Si el CPCCS es metido en cintura por la misma institucionalidad que sus miembros fieles al correato quieren torpedear, apenas quedará en un organismo cuya trascendencia dependerá de la seriedad con que afronte su papel de luchar contra la corrupción. Y esa seriedad no será posible, porque la corrupción del gobierno de Correa es tan densa y rebasa todos los límites de lo público y lo privado, que al CPCCS no le quedará otro camino que seguir haciendo ruido para distraer y asegurar la impunidad de sus autores. 

Ergo, lo del “Quinto Poder” también quedará en bullaranga, demostrando dolorosamente que sí hay quinto malo. (Y para no desentonar en el deterioro de la institucionalidad, los otros 4 Poderes del Estado siguen cuesta abajo en la rodada, como ocurre con el Consejo Nacional Electoral…)