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Necesitamos un marco jurídico neutro para el país

Con la constitución de 2008, se perdió la oportunidad de redactar una constitución apolítica y sencilla, de pocos artículos, que recoja las aspiraciones de igualdad, libertad y respeto a la propiedad privada y sin direccionamientos económicos de ninguna índole, que dejara satisfecho a la gran mayoría de los ecuatorianos. Caso contrario un cambio de dirección en la política ecuatoriana se puede repetir y con ella nuevos rumbos constitucionales en la forma de gobernar. Una nueva constitución rígida sería otra que se pierde porque nacería sentenciada a muerte prematura. Y así será, no pasará mucho tiempo de que los 444 artículos actuales de la constitución terminen en una nueva constitución de consenso donde sean las leyes las que marquen las tendencias de los gobernantes y asambleas de turno.

En las mejores democracias, las constituciones son eternas porque están escritas para que se adapten a las voluntades de los pueblos. Si los pueblos votan por candidatos de derecha o de izquierda, el elegido, puede cumplir con sus propuestas electorales a través de creación de nuevas leyes.  Allanando el camino hacia el futuro de los pueblos, no debería existir la mínima posibilidad de que la constitución deba cambiar con cada nuevo mandatario para forzar caprichos dogmáticos porque la política es como el péndulo que se mece en cámara lenta. Con el tiempo cambia la dirección del péndulo, con una constitución dogmática, que no da espacio a la nueva dirección que tomo el péndulo, habría que ser modificada y así sucesivamente cada vez que cambie la tendencia; esto hace que no maduremos como nación, nadie invierta a largo plazo y que el dinero ahorrado esté siempre en el exterior.

Con la existencia de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado se pretende regular, controlar y sancionar toda actividad económica, quedó la puerta abierta, creándose la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. ¿Se imaginan lo que esto significa para un inversionista? En otras palabras, en el Ecuador no hay cabida para los Steve Jobs ni los Bill Gates porque su ingeniosidad los llevó a que sus soluciones y aplicaciones en el campo de la tecnología hicieron que Apple y Microsoft se hagan gigantes corporaciones con poderes monopólicos por decisión del propio público consumidor; hecho que no se

podrá vencer si el ingenio de otros no despierta a la iniciativa que ellos tuvieron; es decir, si el consumidor decidió que los productos de Apple y Microsoft son preferencia mayoritaria,

nada tienen que hacer las autoridades en regularlas. ¿Por qué castigar el ingenio cuando todos nos beneficiamos de las buenas ideas? Mi tesis de maestría fue sobre monopolios naturales en tiempos que la globalización no tenía las matices que hoy posee y cuando las escalas de producción óptimas eran muy grandes para un país de mercado pequeño como el ecuatoriano.  Esto hace más de 30 años. Si la misma globalización, por el hecho de estar conectados a bajo costo y el abaratamiento de los medios de transporte de carga amplió los mercados del mundo, no habría razón para restringir el comercio local ni internacional. La competencia se encargaría en bajar los precios; lo único que el estado debe proporcionar es la seguridad jurídica para los actores económicos: productores y consumidores, seguridad ciudadana, facilidad para formar empresas y eliminar barreras que impidan la competencia.

Las leyes antimonopolio ya no aplican en estas épocas de la modernidad. La ley antimonopolio lo que hace es proteger a la empresa monopólica porque al controlarla está fijando el precio del servicio que la empresa presta; y eso sería un impedimento para las empresas entrantes al mercado. Me explico, para una empresa solitaria que provee un bien o servicio en el mercado donde tiene que tratar con la autoridad de control por el hecho de ser un monopolio, es sumamente sencillo para su gerente general entrar en colusión con el estado controlador al sugerir un precio que impida la entrada de la competencia al mercado.

Imaginen el poder de una Superintendencia de Control del Mercado que tiene la facultad de pedir información, determinar la composición del mercado y sancionar lo que no le parece. Este es un poder discrecional para la burocracia demasiado grande como para incentivar la gestión empresarial. Todo hecho, por más buenas intenciones que se tenga en la aplicación de normas, reglamentos o leyes, que ocasione el análisis respectivo, crea dudas y nerviosismo, no es digno de que se tome a consideración, porque estamos antecediendo el uso del abogado antes que la propia iniciativa empresarial.

La seguridad jurídica en el campo de las telecomunicaciones es mala para los negocios privados, desde el propio articulado de la Constitución de la República donde se establece que el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes

públicos, estará a cargo de las empresas públicas y que de forma excepcional puede delegar a la iniciativa privada el ejercicio de estas actividades. Esto significa que CNT tiene prerrogativas en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Como es de suponerse, CNT está exenta del pago de regalías, tributos o de cualquier otra contraprestación por el uso u ocupación del espacio público o la vía pública y del espacio aérea estatal, regional, provincial o municipal, para la colocación de estructuras, postes y tendido de redes.

Para desgracia de las compañías privadas que compiten contra CNT Empresa Pública, el ministro de Telecomunicaciones es presidente del directorio de CNT EP, convirtiéndose en

juez y parte. Por lo anterior descrito, se explica la desaceleración en la inversión de Claro y Movistar en los últimos años.

Esto es cuestión de comparar las épocas y contestarse: ¿es hoy más sencillo o más difícil hacer empresa o iniciar un negocio en el Ecuador? En la actualidad, ¿hay crédito para empezar un nuevo negocio de desarrollo como fue la industria camaronera en los años 80? En los últimos diez años, ¿qué nuevo negocio industrial privado de importancia se ha desarrollado en el Ecuador?

(Extracto sacado del capítulo: “SEGURIDAD JURÍDICA EN EL ECUADOR” del libro “¿Qué pasa Ecuador”? por Bruno Faidutti Navarrete

 

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