19 abril, 2024

Glaucoma jurídico

Uno de los principios fundamentales que pregona la Organización Internacional del Trabajo es el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva, ambos contemplados en el Convenio 98, del cual el Ecuador es país suscriptor desde 1959. Al ratificar el convenio, se comprometió a ser garante y a adoptar medidas para estimular y fomentar los consagrados derechos.

Entre las “perlas” de la Asamblea, estuvo la de mermar el derecho al trabajo, dividiendo a los obreros en dos clases: los discriminados (del sector público) y los que tenían derechos (del sector privado). Semejante atrocidad se dio a raíz de la inconstitucional reforma impuesta por el patrón de turno a sus esbirros, y por ellos -a su vez- a nosotros, pues el soberano jamás se pronunció por esta colosal herejía jurídica.

Luego, como de costumbre, de una sola alzada de manos enviaron a los obreros del Estado bajo el manto “desprotector” de la Ley de Servicio Público, despojándolos de la protección que les daba el Código del Trabajo.

Pero como los corruptos no querían que los fondos de las empresas públicas beneficien a los obreros mediante las mejoras económicas logradas en sus contrataciones colectivas, se les ocurrió eliminarla, para en consecuencia, tener las arcas de estas empresas gordotas para saquearlas. A paso seguido vino el combo en la enmienda constitucional y definieron que “solo habrá contratación colectiva para el sector privado”.

Felizmente, el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por ‘El César’, decidió evaluar la cuestionada actuación de la Corte Constitucional y los puso a caminar por el sendero de la sensatez, derogando por inconstitucional el antes mencionado paquete de enmiendas, que fue aprobado por la Asamblea en diciembre del 2015.

Definitivamente, ahora, sin el mandón verde flex, parece que a algunos se les curó el glaucoma jurídico y ahora sí ven legal lo que antes les parecía ilegal y viceversa.

Bien por los trabajadores del sector público, que ahora sí podrán reorganizarse y hacer respetar sus irrenunciables derechos.

 

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