25 abril, 2024

La independencia de la justicia (2)

Podría ser que para el Estado, sí lo sea -quizás- en aquella obligación que tiene de informar a los ciudadanos sobre su gestión o requerimientos para tal o cual contrato o aspiración personal o colectiva, sobre un interés nacional, pero de ninguna manera la que se expresa a través de los medios, escritos, radiales y televisivos del país. (públicos o privados), para no perder credibilidad.

Las redes sociales, es un tema de estudio más profundo en su concepción e incluso gubernamental. La “Política” de la “Década ganada”, se dijo a través de este medio por parte del mismísimo ex Presidente Correa.

Muchos ciudadanos se exceden en sus comentarios -algunos injuriosos y mal intencionados- pero, aún esos casos, son justiciables, porque existen las leyes para sancionarlos.

Tampoco creo que las “consultas”, se utilicen para cuestiones ligeras y de tercer orden, como por ejemplo, en el pasado, para permitir o prohibir las “peleas de gallo”, -que yo no las comparto, como tampoco compartí, el sacrificio cruel que se somete a las Toros de Lidia, en las corridas, con amplia exposición personal para el torero de turno. Las consultas, deben mejorar en calidad y contenido. Para las reformas legales, -que son muchísimas- para eso está la Asamblea Nacional.

Con su “librito”, nos lo ha dicho el Dr. Jaime Ortega Trujillo, -que no aspira ningún cargo público- “Hacemos país”. Nosotros, al reconocer su amplísima experiencia legal y profesional en materia civil y procesal civil y amplio conocimiento de los demás derechos, además de su reconocimiento jurídico y experiencia judicial, no nos ha quedado más, que apoyarlo y en algún momento ayudar en algo en la redacción del contenido del mismo, ya lo he expresado anteriormente.

Le sugerí al Dr. Jaime Ortega Trujillo, que amplíe y destaque dos períodos políticos del país, que en mi concepto, se dio el mayor período histórico de la inseguridad jurídica:

En el gobierno dictatorial del Gral. Rodríguez Lara y del Triunvirato que le sucedio, -7 años en total-, donde para sorpresa de los ecuatorianos, se puso en vigencia; “La Constitución de 1945, en todo aquello que no contradiga los dictados del Gobierno revolucionario”, después de derrocar al Dr. José María Velasco Ibarra, y el Triunvirato a aquel, para darle a sus gobiernos dictatoriales, visos de Constitucionalidad, a su asonada militar y ruptura del orden constitucional.

Otro período de exaltación de inseguridad jurídica que tiene que ser mayormente exaltado, es el de la “Década Ganada”, que por 10 años, constituyó el mayor periodo de la historia política ecuatoriana, donde la inseguridad jurídica, fue el “pan nuestro de cada día”, de los ecuatorianos, caracterizado por la frase: Ahora sí le voy a meter la mano a la justicia”

Bien por el Dr. Jaime Ortega Trujillo, bien por sus invitados y bien por su equipo de trabajo en la Coordinación.

Que las autoridades a quienes va dirigido este ensayo jurídico, no cierren sus ojos sobre todo, sus oídos, a este interesante propuesta.

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Primero debemos tener clara la noción de que los que invierten en bonos son, en su orden: Especuladores; Personas o grupos con alta liquidez que no saben hacer que trabaje su dinero; y sujetos mal asesorados que ponen los fondos dedicados a su retiro en una sola canasta.

Los primeros, los especuladores, son una parte muy importante de toda economía, por cuanto financian a los demás fundamentados en ocurrencias que llegan a ser absurdas.

“La última vez que le dolieron los callos a mi tía, mucho dinero se ganó con los bonos” “Cuando me llaman equivocados en la madrugada siempre ha subido el precio del petróleo” En resumen: Apostaderos de juegos, en que por lo general terminan perdiendo, pero que en el trayecto financian muchas obras.

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