La Procuradoría General del Estado tuvo en Diego García a uno de los máximos acólitos de los crímenes jurídicos cometidos por el régimen de Correa contra el propio Estado. A lo largo de diez años de ejercicio del cargo, García jamás emitió opinión alguna, menos aún siquiera un escueto manifiesto, sobre los múltiples atentados de orden jurídico perpetrados por Correa y otros agentes estatales y gubernamentales en perjuicio de la institucionalidad nacional. Los innumerables actos ilegales generados desde y para Carondelet ocasionaron pérdidas considerables al erario nacional sin que el ahora ex Procurador jamás se pronunciara por el bien del Estado y de la sociedad en su conjunto.
La responsabilidad por la inexistente seguridad jurídica del Estado, más allá de la consumada corrupción estatal, recae en parte sobre García pues sus atribuciones constitucionales le permitían cuando menos esgrimir un criterio ético, más allá de ejercer su mandato con transparencia y actuar en jurisprudencia, cual vinculante al cargo, sobre las atroces violaciones al derecho cometidas durante su mandato.
La encubridora participación de la Procuradoría, a favor del mandatario y del generalizado aparataje estatal en contubernio con la RC y el Socialismo del Siglo XXI, y en desmedro de los grandes intereses nacionales, solo puede ser calificado como un crimen de Estado.
El prestigio del individuo no se hereda, se labra a lo largo de su trayectoria y al consumarlo se convierte en un activo atesorado por la sociedad. ¿Homenaje para García?
ALGÚN DÍA RECIBIRÁN SUS PREMIOS DIVINOS. Ya no hay porque desesperarse, Lo único malo es que muchos de ellos todavía están melando del erario nacional y de nuestros pulmones sin que nadie haga nada, me refiero al Presidente actual. Y Acuérdese, cuando dejen esas funciones, serán apetecidos por muchos para darles trabajo, por lo buenos profesionales que han sido. (…)
Ciego, sordo, mudo…que mal hace quedar a su Padre un jurisconsulto de renombre.
El tiempo da y pone todo en su lugar