28 marzo, 2024

Patria, tierra asaltada

En materia penal, las evidencias y las pruebas son elementos concluyentes para el esclarecimiento de delitos. Jorge Glas, abanderado de la tesis de la “no prueba” y pese al contubernio de la Asamblea Nacional, no pudo evitar su enjuiciamento penal, aunque apenas por asociación ilícita. Las imputaciones por cohecho y concusión pasaron de largo. Glas debió someterse a un enjuiciamiento político, pero el sistema gobiernista lo ha evitado. La función judicial, desde hace diez años bajo el control absoluto de Alianza PAIS, deberá enfrentar ahora a la opinión pública, último bastión de la racionalidad política y judicial dentro del Ecuador.

Lo jurídicamente actuado hasta ahora contra Glas es una muestra más de la ausencia de institucionalidad. Un país evidentemente no debería someterse a una justicia influenciada por la opinión pública, pero ante la falta de prestancia de sus actores políticos y judiciales, y la elemental carencia de jurisprudencia, es la única vía que una sociedad tiene para hacer sentir sus derechos.

Lo que finalmente suceda con Glas, símbolo de la corrupción gubernamental, determinará el devenir de Moreno y compañía. Si Glas y otros no son los responsables de la mayor hecatombe económica cometida contra el Estado, ¿será que lo sucedido fue solamente la mala aplicación de un modelo de desarrollo evidenciadamente extinguido el siglo anterior? Claramente que no. El Gobierno es hace rato un caos sin visos de recuperación que arrastra consigo a una nación cuya única voz es la opinión pública.

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