Terminado el espurio acto de designación, por el régimen de Nicolás Maduro, de los miembros de la nueva Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de julio pasado, se puede decir que Venezuela empieza un nuevo tramo en su camino político. Pero, por primera vez en su historia, después de casi dos décadas al frente del poder, el chavismo lo enrumba sin llevar puesta su carátula de gobierno afianzado en la legitimidad y en la democracia. Discutir si se la fue quitando poco a poco, o simplemente se le cayó en algún recodo, es lo de menos
La declaración de la empresa Smartmatic, encargada de la automatización de los procesos electorales venezolanos en casi todo lo que va de siglo, asegurando que los resultados del 30J, de ocho millones y pico, fueron inflados, en al menos un millón de votos, es toda una revelación, más allá de la oculta intención que pudiera estar detrás, con el propósito de reconocer una gran mentira, que al fin y al cabo todo el mundo ya conocía, dado el visible ausentismo de ese domingo en los centros de votación; pero tratando con ese “sacrificio” que una parte de la mentira, sea tomada como verdad, ya que lo dice un experto en tecnología electoral. Esa parte de la mentira convertida en verdad por Smartmatic, no sería otra, que el oficialismo obtuvo unos siete millones de votos; resultado que lo emparejaría con la oposición y no lo dejaría tan mal parado.
Después de que el gobierno de Hugo Chávez la contratara, a comienzos del presente siglo, Smartmatic, pasó, de ser una empresa pequeña y desconocida, a ser una internacional, con oficinas en varios países y capital integrado por una red de empresas y consorcios subsidiarios, registrados bajo diferentes legislaciones. Como se recordará, Smartmatic, fue acusada por la oposición venezolana de haber manipulado el Referendum Revocatorio del año 2004 contra Hugo Chávez. Un asunto que quedó muy bien reflejado, junto con otros estrechamente relacionados, en el estupendo artículo de Richard Brand, Why is Hugo Chávez Involved With U.S. Voting Machines? publicado en The Miami Herald, en marzo del 2006.
Pero cualquiera que haya sido la intención, si algo quedó claro tras la denuncia de Smartmatic, es que el 30J hubo un fraude electoral, no importa el número de votos insuflados, del cual fue partícipe el gobierno del señor Maduro. Proseguir, por lo tanto, con la juramentación de los miembros de la Asamblea Constituyente y con su instalación formal, carece de sentido democrático alguno y solo puede ser interpretado como un acto de imposición, propio de las dictaduras, por la comunidad internacional, que ya ha rechazado en una representación importante, de más de cuarenta países, la legitimidad de dichos comicios.
La política venezolana se pudiera calificar de sainete, si la memoria, aún demasiado fresca, de las víctimas mortales de la represión, no le diera otro aspecto más trágico. Sin embargo, como entender, no obstante la acusación de fraude electoral de Smartmatic y la inminente entrada en funciones de la ANC, que por una parte, el gobierno de Maduro esté abriendo un proceso electoral para elegir gobernadores y alcaldes, habiendo fijado, incluso, para la segunda semana de agosto la inscripción de candidaturas, y que, por la otra, la dirigencia de algunos de los partidos políticos que conforman la oposición, estén considerando acudir a las mismas, bajo el argumento de que no se le pueden dejar libres los espacios políticos al chavismo.
Una manera de interpretar esa política cochina, tal vez la más acertada, que hacen tanto el gobierno como buena parte de la oposición venezolana, es la de verla como un acto burlesco, o burla premeditada, contra el resto de la sociedad. Otra, más sofisticada, sería la de ver a los dirigentes opositores como a unos políticos sin malicia, como a unos seres estultos, receptores de la burla, es decir, como los burlados, por aceptar tan ingenuamente unas elecciones que legalmente no tienen fundamentación alguna, habida cuenta que la Constitución formalmente vigente desaparecerá en los próximos meses, y que la nueva, por venir, aún no ha sido redactado por la ANC. Por lo que bien cabe la pregunta, ¿A qué Constitución corresponden esas elecciones regionales?
Desaprovechar a estas alturas, después de tantos sacrificios de la ciudadanía, que el gobierno empiece una nueva andadura sin mascara alguna de legitimidad, con evidentes antecedentes encima, algunos muy recientes, de ruptura del hilo constitucional, para entregarse al espejismo de unos comicios regionales, deja a la oposición política de partidos y a la MUD, en general, bajo sospecha. Poniendo, además, en evidencia, que los intereses de algunos, por ser gobernadores o alcaldes, están, en su individual agenda política, por encima de los intereses del colectivo social. Los mismos mezquinos intereses, que ya para septiembre del año pasado, habían desistido del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro y lo habían borrado de su agenda. También en aquella ocasión, se consideró que era más importante concentrarse en las elecciones para gobernadores, pues ya no quedaba tiempo para hacer el revocatorio, a pesar de que constitucionalmente teníamos hasta el 19 de abril de este año 2017, fecha en que se cumplía el cuarto año de la presidencia de Maduro, para exigirlo.
Aunque comencé este articulo convencido de que el chavismo emprendía una nueva senda, desvestido del ropaje de legitimidad que lo había acompañado hasta ahora, que pudiera abrir una nueva oportunidad de lucha a la oposición, me doy cuenta al final, que nada ha cambiado. No me extrañaría, pensándolo bien, que en esas elecciones regionales, si se llegan a efectuar, no solo las apruebe la nueva ANC, sino que también contemos con la habitual e imponderable transparencia del actual CNE; la garantía legal que da el TSJ; y ¿por qué no? con la experiencia técnica de Smartmatic.
