La globalización informática trae consigo cosas positivas para la transparencia de la función pública.
Lo acontecido en Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, EE.UU, nos obliga a tomar una postura frontal para que la corrupción no quede impune en nuestro país.
El juicio político que se le pretende instalar al vicepresidente de la república, es una instancia constitucional que permite transparentar lo desempeñado en el cargo público de cualquier ciudadano.
No importa si se trate de un burócrata de mandos inferiores o si es el mismo presidente de la república, el juicio político es un sagrado derecho constitucional ejercido por el pueblo.
La suprema soberanía de la sociedad, radica en el inalienable derecho de saber lo que se necesite sobre la responsabilidad política y el desempeño administrativo en el cargo de cualquier funcionario y más, si se trata del segundo mandatario.
El juicio político es un proceso para evaluar la responsabilidad política de cualquier funcionario en el ejercicio de su cargo.
El mismo debe tener varios pasos para efectuarse.
El CAL de la asamblea debe aprobar su trámite y el pleno de la asamblea es quién debe llamar al funcionario.
En esa instancia y después de oír los argumentos en pro y en contra del interpelado, son los votos de los asambleístas quienes por mayoría, deciden censurar o absolver al interpelado.
No se trata de un juicio civil y peor uno penal.
Es un procedimiento público que le permite a quién se está interpelando, demostrar transparentemente su inocencia.
Lo hace al defenderse con argumentos y documentos, todas las interrogantes planteadas por quienes lo cuestionan.
Me parece ilógico, que si el vicepresidente tiene la mayoría de votos en la asamblea, no quiera acudir a un proceso que de antemano está ganado.
Este debería ser el escenario nacional, para que el pueblo ratifique su inocencia.
Durante años los asambleístas del gobierno han repetido que los juicios políticos ya no son los sainetes que se llevaban en la partidocracia.
Precisamente por tener los gobiernistas el control de la mayoría en la asamblea, no deberían permitir que este juicio se convierta en una masacre para sacrificar a la víctima.
Por encima de los votos a favor o en contra del interpelado, esta tribuna democrática es la mejor oportunidad para demostrar la inocencia y manos limpias de quien, nada tiene y nada teme.
Si alianza País tiene la mayoría en el CAL y la asamblea; si el vicepresidente es inocente y tiene sus manos impolutas… ¿Porque tanto miedo?
Miedo se debe tener por dos razones.
La primera es porque el interpelado sea corrupto y culpable de todo lo que se lo acusa.
La segunda es porque no quiera que le saquen los cueros al sol de algo malo que haya hecho y con esto pongan en tela de duda su actuación.
Por el contrario; si el interpelado es inocente, podrá enfrentar a todo calumniador que se le ponga al frente, puesto que al final la verdad se sabrá por encima de todo.
El vicepresidente no debe seguir impidiendo una diligencia que con su inocencia lo beneficiaría y por el contrario, sepultaría a sus acusadores.
El que nada tiene que deber; nada tiene que temer.
El verdadero resultado del juicio es el veredicto de la sociedad.
Quiénes conformamos al soberano, seremos los que otorguemos la inocencia o la culpabilidad del acusado.
El vicepresidente debería ser quién solicite el juicio político, puesto que su presunción de inocencia está garantizada como un derecho constitucional.
El pueblo es el supremo.
Los ciudadanos somos los mandantes.
Nadie del que se tenga una ligera duda, podrá ejercer un cargo mancillado por el corrupto desempeño de quién haya ejercido esa función.
