Uno de los primeros comentarios periodísticos que publiqué hace algunos años, tenía que ver con las condiciones de las cárceles aquí, en Ecuador. En la mente sólo tuve una imagen… Un basurero social. Quienes estaban presos sufrían, por así decirlo, un sobajeo de cuerpos, en ausencia de todo respeto humano. Niños incluso, mezclados entre mujeres y hombres. Las celdas, con un par de camas y un hueco en el suelo que hacía las veces de servicio higiénico, agrupaban 4 o 5 residentes. Quien más quien menos pedía unos centavos para comer y reclamaban que estaban “guardados”, ya muchos meses y sin sentencia. Algo inaudito. Fuera de todo criterio para ser aceptado como realidad. Desde entonces acá, y eso hace un promedio de 50 años, todas las autoridades municipales y todos los gobiernos centrales se han condolido frente al problema. Y, por supuesto, han ofrecido, y con mucha energía, la necesidad de un cambio total, de acuerdo al cumplimiento de los Derechos Humanos y Sociales… Pero una cosa es decir y otra, y muy distinta, obrar, hacer, realizar. El cambio, de impacto, sin embargo, no ha pasado de pintar otro nombre en sus paredes .

Cuando puse en manos del público Latinoamérica, las Cifras de la Infamia, en uno de sus acápites decía: “Resultados inmediatos de la delincuencia son más de 300.000 presidiarios aherrojados en las cárceles latinoamericanas. En escandalosas condiciones infrahumanas. Sin alimentación adecuada, sin ambientes sanitarios, violaciones físicas, torturas, detenidos sin juicio y con disturbios internos, en algún grado provocados para eliminar presos. Para la ONU, ahora, las cárceles latinoamericanas son una bomba de tiempo y el hacinamiento constituye el principal problema. Lo que a primera vista se observa es la violencia y el deterioro moral de los internos. ¡Ausencia de una mínima valoración social humana!”. De la fecha de edición de este pequeño libro han corrido 12 años… ¿Algo nuevo, diferente al cuadro dantesco de ayer, existe ahora? Sí! Todo ha empeorado. Los detenidos no tienen ninguna protección social ni legal. Hoy, no hay país latinoamericano que quede al margen del peor trato social, legal y humano para quienes, declarados delincuentes, son destruidos moral, sicológica y hasta físicamente, en los torpemente llamados “centros de rehabilitación”. Al parecer, y siguiendo las estadísticas de los países latinoamericanos, aunque atrasadas y trabajadas a la “defensiva”, hoy vinculados al aumento de la desocupación laboral, a la desnutrición alimentaria, a la miseria social la cantidad de presos está cerca de los 500.000.

Para José Miguel Insulza, Secretario de OEA “Las cárceles en Latinoamérica no cumplen con

el propósito de rehabilitar a los reos, y este es sin duda un tema de preocupación y de seguridad para la región. Son lugares de hacinamiento, los cuales constituyen “escuelas de delincuencia”. ¿Cómo no va a ser así si el exceso por sobrepoblación está en un intervalo del 30 al 70%? Semejante dato tiene que ver, directamente, tal cual subsiste

en las cárceles de Brasil, México, Colombia, Venezuela, con los enfermos crónicos por malaria, sida, tuberculosis, sin mínimas posibilidades de curación. Completan el cuadro el mercado negro de drogas y de armas, mediando incluso, los propios guardias de seguridad y supervisión que tienen así, una fuente de dinero extra a su favor. Las rebeliones internas, asesinatos entre presos, provocación de incendios, amenazas de fugas son aspectos aceptados ya como parte del sistema carcelario. Por eso, los 300 muertos por un incendio en las cárceles de Honduras hace un par de meses, los 560

muertos y 1,457 heridos en las 35 prisiones de Venezuela durante 2011, los 81 muertos por inseguridad en una de las prisiones de Chile, en 2010 sólo quedan pintados en las estadísticas, para distracción de sociólogos y profesionales del comportamiento conductual.

No hay un solo informe sobre las cárceles latinoamericanas, que concreten a favor cierta situación positiva en las mismas. Mas bien, tal cual dicen los investigadores, “No existe la voluntad de los gobiernos de turno para encontrar una solución a este problema”. En verdad, lo único que un ciudadano consigue al entrar a una cárcel en cualquier país de Latinoamérica

es una visa al infierno! Pues, además, según el informe de BBC Mundo, “ningún país en Sudamérica” ha establecido un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”. O mejor dicho, en idioma más directo, la tortura sigue establecida en las cárceles de Latinoamérica… Pero, puede decirse, “las cosas no están bien, pero no hay en nuestros países la pena de muerte”. Este pequeño consuelo, sin embargo, como que concluye rápido con una pregunta…¿En las condiciones indicadas hay necesidad de esa pena de muerte individualizada? ¿No es que nuestras sociedades, respecto a las cárceles viven, al filo del abismo, en la cotidianidad de un crimen de estado permanente? ¿Ninguna entidad internacional de derechos humanos puede intervenir, para borrar esta verguenza? ¿Insulza, como Secretario de OEA, sólo tiene poder para quejarse? ¿Cuál es el pretexto ahora para la espera de solución?