Las Fórmulas del COOTAD

Hay varias fórmulas en el COOTAD (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización). Comencemos por la que distribuye recursos entre los “GADs” (Gobiernos Autónomos Descentralizados).

La primera divide el pastel entre el GC (Gobierno Central) y los GADs (Distribución Primaria), asignándoles a estos últimos el 21% de los Ingresos Permanentes (8,264.44 MM para el 2010) y el 10% de los Ingresos No Permanentes (3,213.97 MM para el 2010). Cosa extraña, los Ingresos Permanentes más los No Permanentes no suman el 100% del presupuesto del GC, hay en el limbo otros ingresos del GC sobre los cuales los GADs no tendrán participación, llamados “de financiamiento” y cuya contabilización se presta a interpretaciones diversas como es el caso de las macro ventas de petróleo a China. En todo caso este 21% – 10% asciende en el 2010 a 2,056.93 MM para el conjunto de los GADs, de los cuales 67%, 27% y 6% será para los gobiernos municipales, provinciales y parroquiales respectivamente, los llamados “Gobiernos Regionales” no tienen por el momento rentas asignadas en este pastel, en cambio sí participan los “Distritos Metropolitanos”: Quito que ya es y Guayaquil que podría serlo.

Alguien podría pensar que el 21% – 10% es un avance local en comparación al mínimo de 15% – 5% que dispone la Constitución; sin embargo, es simplemente el resultado de haber integrado en una sola bolsa los diversos fondos, tanto generales (para todo el país) como especiales (para ciertas localidades), que por gestiones históricas se acumularon a favor de los GADs y que la misma Constitución ya previó respetar; la suma de estos viejos fondos equivalió a 21% – 10% en el Presupuesto del 2010.

El segundo nivel de distribución de recursos es entre los GADs de un mismo nivel, aquí primó “la fórmula A + B”, en donde A es la suma de los fondos que recibía cada GAD hasta el 2010, y B es el excedente debido al crecimiento del Presupuesto del GC para el 2011 en adelante. Es decir que en la lógica distributiva secundaria prevaleció la distribución histórica con todas las injusticias y privilegios que ella acumuló. La “nueva lógica”, la de esta “revolución ciudadana”, se aplicará exclusivamente al incremento presupuestario, muchas ciudades quedarán agradecidas por esta falta de pureza y consistencia conceptual, pues de haber estado convencido el GC de su nueva lógica, la habrían aplicado a todo el monto y no a una todavía muy pequeña fracción. Con el transcurso del tiempo, en cambio, el componente B será cada vez más importante y entonces se sentirán más sus efectos, que analizaremos enseguida.

Antes hay que destacar que el veto del Presidente corrigió en parte el componente A para Guayaquil y todos los cantones de Manabí y Guayas. En efecto, Correa incorporó el pedido del Alcalde Nebot de añadir el 6% del Impuesto a la Renta del que estaban excluidos estos cantones bajo el argumento de que sus provincias tenían el CRM y la CTG; el 6% se incorporará de contado para los de Manabí y a 3 años plazo para los de Guayas.

Es el componente B el que contiene los absurdos de este gobierno. El criterio poblacional por ejemplo, ya no pesará el 40% o 50% que asignaba la Ley del 15%. Ahora apenas el 10% de los recursos se repartirá proporcionalmente a la población (para parroquias el 15%) y no tan siquiera a la población real, sino a una que el GC ha ponderado a su antojo, añadiendo peso a lo rural y fronterizo. Guayaquil, el cantón más poblado del país y casi exclusivamente urbano perderá mucha participación en las rentas debido a este punto. Quito, cuyos valles son tomados por rurales, compensa en parte y pisa ya los talones de Guayaquil en términos de esta nueva “población”. Distribuir dinero en función de criterios distintos de la población real es alejarse de la equidad que tanto pregona el gobierno, en efecto, sólo cuando se reparte igual cantidad de dinero per cápita es que todos reciben por igual. La fiebre de Correa contra “lo grande” (que no sea él) lo llevó a confundir al titular del derecho constitucional a la igualdad, pensando que son los cantones, cuando en realidad son las personas que viven en ellos.

Las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) serán el criterio para distribuir el 50% del dinero (53% para provincias), pero no tal cual ellas son en realidad, sino elevadas al cuadrado. A un cantón que tenía 80% de su población con NBI se le pagará por 80% del 80%, esto es 64%; y a uno que tenga 20% de NBI se le pagará por el 20% del 20%, o sea apenas 4%, el impacto del cuadrado potencia pues el criterio constitucional afectando mucho más a los cantones con menor % de NBI. El caso de Guayaquil es patético, hasta hace apenas 2 meses el INEC sostenía que el % de la población con NBI era 52.60%, para las corridas del COOTAD lo redujeron a 23.01%, sin que justifiquen esto con sustento alguno. Al elevar al cuadrado este % se reduce al 5.29% de NBI, factor que será utilizado para la distribución de la mitad de los recursos municipales.

Otros absurdos son, por ejemplo, repartir 13% del dinero en función inversamente proporcional a la densidad poblacional cuando la Constitución ordena repartir en función directamente proporcional, y repartir 6% del dinero en función de un “Esfuerzo Fiscal” que el GC define como el alejamiento a un “patrón” o modelo de regresión lineal que harían ver a los ingresos propios per cápita como función del % de NBI del cantón, lo cual en realidad no se cumple, pues al calcular la regresión se obtiene un Ro cuadrado de apenas 22% de explicación, lo que sería desechado por cualquier economista serio, ya pues demuestra que el % de NBI no es determinante del ingreso per cápita.

En lo de fondo, a saber las transferencias de competencias, el COOTAD se limita a ser coherente con el centralismo ya vigente en la Constitución y que volvió “nacionales” a todas las competencias importantes.