Es harto evidente en los resultados que, las medidas tomadas para reducir los delitos no son las mejores ni las más eficientes para reducir la inseguridad y el miedo en nuestra Ciudad.

No permite sorpresa que un asunto tan importante, tan esencial para la convivencia urbana, tan presente en los escenarios políticos, administrativos, medios de comunicación y en el diario vivir, se maneje como objeto inútil para fomentar la seguridad y la demanda de acciones que contribuyan a la tranquilidad ciudadana. La percepción, desde afuera, indica que, al usar los mismos controles y sistemas de siempre, se alejan de una visión global ajustada al accionar de los actores urbanos.

La inseguridad es una preocupación constante. La seguridad es una política de estado y un mandato constitucional. La tranquilidad ciudadana es un derecho irrenunciable e irrevocable.

Ciudad, amenidad y seguridad, a lo largo y ancho de la historia, han viajado juntas y coordinadas. El factor seguridad ha jugado un papel preponderante en el comportamiento ciudadano en relación con su apropiación del espacio urbano, su expresión individual y la búsqueda de una satisfacción colectiva. Cuando se establecen parámetros de seguridad puramente formales los ciudadanos, individual y colectivamente, adoptan mecanismos defensivos que van desde la simple reja en la ventana hasta la muralla que encierra al barrio como si fuera un feudo medioeval, pasando por el linchamiento si se atrapa al delincuente.

A veces pensamos aunque nos resistimos a creerlo que esto de la inseguridad es políticamente conveniente para los gobiernos estatales y locales y para los “mass media”. Decimos políticamente conveniente porque el ciudadano, en su afán de asegurarse a sí mismo y a su familia, coloca en segundo plano a los problemas del País y de la Ciudad. Busca la supervivencia suya y de su familia sin importarle el resto.

Y para abundar en la inseguridad muchas autoridades provocan una gran cantidad de anuncios, nuevos reglamentos, leyes, premoniciones, recuerdos, reproches, divisiones y otras jergas conocidas y desconocidas. Es decir, la inseguridad no sólo está en los delitos y crímenes más publicitados. También está en los anuncios de nuevos comportamientos exigidos por la clase gobernante y los administradores de justicia.

La búsqueda y encuentro de la seguridad no nos permite producir a plenitud. No nos provoca la tranquilidad necesaria para hacer creativos a los ciudadanos en edad de ser protagonistas del desarrollo.

Guayaquil, desde muchos años atrás, es una ciudad llena de suspicacias, dudas y aprensiones.

Lo más alarmante de este desvío es que los hechos demuestran que, en los últimos tiempos, hemos intentado apagar fuegos con combustible: las emociones de la sociedad, el terror, el miedo y el recelo ante el otro no se detienen en su incremento, alimentando opciones de “justicia por mano propia” y articulando un intercambio social en el espacio público basado en la desconfianza, la autodefensa, la moral individual (¿?) y la consecuente falta de respeto.

Que el ciudadano recupere el derecho a la ciudad debe ser una meta de Gobierno, de Municipios y de cada uno de los habitantes citadinos. Una ciudad que va más allá de la apropiación de los recursos urbanos y de la demagogia que nos consume. Creemos que los encargados de la seguridad deben acrecentar las acciones siendo más creativos, más agresivos, más silenciosos y menos vanidosos.