El país está inmerso en una crisis institucional y democrática, cuyo resultado es la falta de seguridad tanto en los aspectos jurídicos, como físico y de salud.

Los ecuatorianos se cuestionan hoy si el país vive o no en democracia, cuando se observa la notoria y descarada injerencia que tiene el Ejecutivo en la Asamblea Nacional , Corte de Justicia, Corte Constitucional, Fiscalía General, etc. Aún está fresco en la mente de los ecuatorianos cómo influyó el Presidente de la República en el juicio político que se pretendió iniciarle al fiscal Pesántez, así como en la decisión para la consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Aguas y en el mantenimiento, contra viento y marea, de los integrantes de la Corte Constitucional.

Nadie puede negar la carencia de seguridad jurídica que se vive actualmente en el país. La Constitución, ley marco sobre la cual se debería regir el Estado ecuatoriano, es interpretada y aplicada al antojo de los postulados de la Revolución Ciudadana, haciendo tabla rasa del resto del sistema jurídico del país. Como ejemplo está la mal llamada justicia indígena.

La falta de un marco jurídico y de quienes están obligados a aplicarla, tiene al país sumido en una ola de crímenes, asaltos y tráfico de drogas nunca antes visto desde el establecimiento de la República. Diariamente y bajo el método de sicariato se elimina a ecuatorianos por circunstancias raramente esclarecidas creando un ambiente de inseguridad en todos los habitantes solo comparable a lo que fue Colombia hace muchos años.

La carencia total de una Seguridad Social que cubra la salud y la jubilación, así como la disposición arbitraria de los dineros de las aportaciones por parte del Gobierno, da como resultante que los trabajadores y jubilados estén en total desamparo, mientras hospitales asistenciales no se dan abasto ante la demanda de atención.

Ya hay síntomas de la carencia de productos de primera necesidad y de gas de consumo doméstico, siguiendo inequívocamente la ruta de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc.