Lamento como el que más que algunos lectores de esta columna se hayan desanimado al leer la entrega que antecede a esta. No soy seguidor de Nebot Saadi ni tampoco satélite suyo. Tal como lo dije en mi columna pasada, la marcha del 11 de febrero solo nos dejó una vaga idea de que hay que resistir. Nada más.

Aclaro también que mi entrega pasada no fue una apología a Alianza País. No simpatizo ni de lejos con ese movimiento político disfrazado. La revolución que sigue esperando el Ecuador no se ha ni asomado siquiera, mucho menos con Rafael Correa Delgado a la cabeza, repetición contemporánea del capataz que siempre nos termina gobernando.

El resistir a secas, sin tener agenda de combate, un objetivo inmediato y otros a mediano plazo, termina por cansar a quienes hacen la resistencia. ¿Qué más puede hacer Guayaquil, a más de sólo resistir? Más que legales, las acciones son de hecho y no necesariamente violentas. Son de cambio en la dirección municipal.

Pero esta vez no emplearé la columna para sugerir; más bien señalaré lo que ya está sucediendo. La isla Santay, a cargo de la Fundación Malecón 2000, hoy es el nuevo caballo de batalla del Gobierno Central, teniendo como alfil gobiernista a la bella ministra del Ambiente. Ante el fracaso que resultó ser la suerte de virreinato político que fue el Gobierno del Litoral; y la consecuente desorganización revolucionaria de Alianza País en Guayas y particularmente Guayaquil, ahora la vena verde le ha brotado a Correa Delgado y su Gabinete y acusa al Municipio de Guayaquil de no ser tan sustentable ni sostenible con su Dirección de Medio Ambiente.

Lo preocupante del caso no es que la Santay pase a manos de tal o cual gobierno (sea Central o Seccional) sino que un tema tan técnico y vital para nuestra existencia como ciudad del cerrito verde, sea manoseado como ariete electoral para capitalizar unos votos y ver qué pasa en la carrera por la alcaldía de Guayaquil. Y de paso molesta saber que la guapa ministra, cuyos afanes medioambientales son ciertos, racionales y plausibles, sea fusible de este electricista político que hoy aplasta los botones constitucionales de nuestros destinos.

Si Santay pertenece a Durán o a Guayaquil no debe preocuparnos. Igual su función como pulmón que oxigena a ambas ciudades no lo puede cambiar por decreto nadie (salvo que el clientelismo que sigue alimentando a Alianza País haga de la isla centro habitacional, como una especie de Mocolí popular). Los temas medioambientales deben trascender a la política partidista de unos y otros. Finalmente si el Gobierno Central se hace hoy cargo de la isla y su potencial ecológico, espero la encantadora ministra del Ambiente en su auditoría que hará a la gestión de Fundación Malecón 2000 en Santay, señale los responsables de haber malbaratado dinero público en obras o proyectos de dudoso beneficio público y de tal vez provecho particular. Así asentará más su fama como dama amante de la justicia y al fin este Gobierno Nacional echará el guante de la ley a los que tantas veces menciona en sus sabatinas, pero nunca encarcela, previo juicio público.

Pero lamento que este capítulo de la isla Santay será una escaramuza más del asedio que Alianza País hace a una ciudad que no logra descifrar ni entender, y por tanto sólo atina a atacar. El interés con Guayaquil no es hacerla más inclusiva, más democrática, o más participativa. El único fin es conquistarla. Y tal asalto y ocupación será fácil pues Guayaquil en palabras de su actual alcalde es sólo una ciudad que resiste y no se defiende.