¿Puede aplicarse una ley contra una entidad o un ciudadano sin un advertencia judicial de por medio, y, más aún, cuando con dicha aplicación se formulan no sólo cargos, sino que se inculpa y seguido se sanciona? Para unos esto puede conllevar a errores. Otros verán en semejante procedimiento simple mala fe.

¿Cómo descartar, sin embargo, que no es una típica corrupción, a la que ya estamos enseñados, y comprobamos constantemente en la administración pública de todos los días? El caso es que, sorpresivamente, el 30 de junio de este año, llega un grupo de ciudadanos a la Clínica “Ortíz Solidaria”, localizada en Pedro Pablo Gómez, frente a la Maternidad Sotomayor, aquí en Guayaquil, y de buenas a primeras, luego de encontrar, de acuerdo a su percepción, “pruebas” de irregularidades, la orden de clausura es ordenada. ¿Por qué? Es que como en las películas policiales, de terror y suspenso, este grupo de ciudadanos estaba integrado por funcionarios de la Dirección Provincial de Salud del Guayas que, y dentro de una ronda de supervisión “suigéneris”, de esas “ahora sí te pillamos…”, pretendió tomar desprevenido al propietario de la Clínica.

¿Prefiguración de asalto? ¿Prevención por ablandamiento? Si nos atenemos al cumplimiento de los derechos humanos ni con los delincuentes es permisible. Pero el asunto es que el señor Luis Ortiz Gutiérrez, propietario de la Clínica “Ortíz Solidaria” es un profesional, graduado como médico, con una experiencia de dedicación social en beneficio de la salud desde hace años. ¿Alguna vez ha sido, acaso, perseguido por la justicia por no atenerse al contenido ético hipocrático de la medicina? ¿Esta casa asistencial de salud, con tantos años de atención al público, ha sido clausurada antes? ¿Es que ni siquiera puede, en este como casos semejantes, aplicarse el beneficio de la duda, para quienes supuestamente están implicados? ¿Por qué los “come cheques”, los traficantes, los arranchadores, los sicarios tienen esta opción, tal cual sucede a diario?.

Hay que jugar con cartas no escondidas en la manga. Abiertas. Sobre la mesa. Se trata del bien público. Si la Clínica “Ortiz Solidaria” ha cometido errores, y estos no son imputables a la categoría de delitos contra el bien público y ni siquiera atentan a una calamidad o a un infortunio de la salud ajena, debe exigirse, únicamente, la rectificación de cada evento y, según sus situaciones pertinentes, darse el tiempo que convenga a una solución temporal o definitiva. Pero no hacer las cosas al revés. Primero el atropello de la clausura, luego la obligación de un pago de 10 salarios básicos unificados y después la autorización de nuevo funcionamiento. ¿Dónde está la sindéresis social de la justicia? Pero hay más… Sucede que la Dirección Provincial de Salud, por sus mismas funciones de vigilancia para previsión, está en la obligación de hacer inspecciones precedentes a cada permiso anual de funcionamiento de una entidad de salud, sea una clínica.

El Dr. Luis Ortíz Gutiérrez solicitó, con fecha 25 de septiembre del 2008, dicha inspección con algunas insistencias posteriores. Tal cosa no sucedió, puesto que el funcionario encargado de realizarla justifica su negativa con el manoseado sonsonete de la burocracia jurásica, pese a la importancia de la salud en ambientes sociales privados de ella, de que “no se pudo realizar la inspección solicitada por falta de logística”. Entonces, claro, la “Clínica Ortíz Solidaria” es, mañosamente, también culpable de no tener el permiso de funcionamiento para el 2008.

Por favor. Basta de cuentos. ¿Qué es, realmente, para este burócrata “falta de logística”? ¿Ausencia de medios públicos para trasladarse, falta de tiempo por demasiado trabajo acumulado o ignorancia respecto a comprender la verdadera esencia de la salud humana? ¿O falta de voluntad y responsabilidad para cumplir con los deberes a que está comprometido con la ciudadanía, que lo mantiene en su cargo por el salario que recibe en función de sus impuestos que paga? Además, revisando el contenido de la apelación que ante los jueces tiene entregada el Dr. Ortíz Gutiérrez, está muy a la luz otra ausencia, pero de mucho peso jurídico… ¿Qué dice, la Constitución de la República en su Art. 76, numeral 7, literal l? “las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho”.

Señor Director de la Gestión Estratégica del Sistema Provincial de Salud del Guayas, no puede aceptarse como motivaciones la enumeración, a la ligera, de fallas formales, por aquí y por allá en una unidad de salud, sin mayor sustentación jurídica y sin contrastación de contenido respecto a la esencialidad del evento, causa de la inculpación. Peor aún, cuando desde esa dependencia pública, con nombre de dirección tan rimbombante, las observaciones que tenían que hacerse para corregir a futuro se las confunde con acusaciones sujetas a castigo, tal cual, inconsultamente, se ha procedido.

De la apelación, en Quito, todavía no hay resultados. Tampoco hay noticias de la audiencia solicitada a la Ministra de Salud, pese a que el Secretario del Presidente Correa, señor Galo Mora Witt, con fecha 29 de octubre de este año, informa al Dr. Ortíz Gutiérrez que el primer mandatario “ha delegado a la doctora Caroline Chang” para que sea atendido y, además, con fecha 8 de diciembre, el Subsecretario Nacional de la Administración Pública ratifica este pedido. ¿Cuál es la razón para que la burocracia juegue con la actividad social de los ciudadanos, como le venga en gana?¿CORRUPCIÓN EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DEL GUAYAS? Esta pregunta con que está titulado este comentario debería tener una solución como respuesta. Intervenga señora ministra, que, al parecer, hay mucho más…