Echando un vistazo al pasado inmediato, aquel que pertenecería a la larga noche neoliberal, descubrimos que el tema de la libertad de expresión nunca fue significativo ni incidió sustancialmente en la vida ciudadana.

Tómese su tiempo , haga usted el mismo examen retrospectivo y llegará a igual conclusión. Nunca hubo un debate serio o agitado sobre el tema. Rodrigo Borja clausuró una radiodifusora dentro de una coyuntura puntual y no por ello dejó de ser un presidente demócrata y básicamente respetuoso del más primario de los derechos humanos.

Febres Cordero , supuesto “dueño del país”, tuvo también focalizados tropiezos con la libertad de expresión. Pero nadie puede afirmar que esos dos Presidentes conspiraron contra el sistema jurídico imperante. No se les ocurrió crear medios oficiales de comunicación ; no pretendieron adueñarse de algún otro; no acallaron a la prensa opositora ni a la que disentía de sus actos. Nunca pretendieron legislar para reprimir, amordazar o distorsionar un derecho humano inserto en nuestras leyes y constante en convenciones internacionales de las que el Ecuador es signatario. Nunca pretendieron apropiarse de canales de televisión ni de radiodifusoras incautadas por el Estado y ponerlas al servicio de un gobierno que, como el actual, privilegia sus intereses ideológicos por encima de la verdad y la cordura, convocando a una lucha de clases que pronto se escenificará en nuestras calles.

Usted, lector(a), debe saber que estamos obligados a respetar las Convenciones Internacionales que hemos suscrito. Lo dice nuestra Constitución. Debe saber que tales Convenciones PREDOMINAN sobre nuestra legislación nacional, si ésta llegare a contradecirlas . Sin embargo, pocos lo saben porque la precedente etapa histórica no nos exigía estar al tanto de ello. Ahora sí, sin duda, porque todo está dramáticamente cambiando. Hoy se discute, con intensidad , indignación y temor , lo que se hará con el derecho a la libertad del individuo para emitir su opinión y para ser informado de los hechos y actitudes del poder público. Emilio Palacio lo describe en forma didáctica y despiadada en su artículo de Septiembre 19. Lo que ahora estamos padeciendo sólo es explicable en un gobierno totalitario . Reniego del descaro con que se planea acabar con la libertad de expresión, respaldada por una insultante saturación publicitaria que coloca cortinas y pantallas seudo democráticas y seudo progresistas .

El Ecuador reconoció formalmente que

“el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión ” ; que la libertad de expresión “no es una concesión de los Estados sino un derecho fundamental” y es, además , “un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.

La Declaración de Principios de la OEA emplea tres verbos claves para el ejercicio de la libertad de expresión : buscar, recibir y difundir libremente la información en poder del Estado y éste está obligado a garantizar el ejercicio de ese derecho. Tales verbos se repiten a través de su articulado y están insertos también en la Convención Interanericana Sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica. La censura previa que Correa ahora pretende, la interferencia que Correa impone, las presiones que el Gobierno ejerce , los obstáculos consignados en la Ley de Comunicación que se avecina ; todo, todo eso está prohibido por la Convención Internacional suscrita por el Ecuador. Ningún gobierno puede apartarse de su observancia.

Ningún gobierno – a menos que se declare revolucionario y transgresor de la ley, que algún momento querrá hacerlo – puede soslayar esos mandatos. Es perfecto para la democracia que los funcionarios públicos , sin excepción, estén expuestos a un mayor escrutinio de la sociedad. Y toda ley que, aduciendo eventuales desacatos, pretenda penalizar expresiones ofensivas presuntamente dirigidas a los Correa, a los Chauvin, a los Patiño o a los Larrea, atentaría realmente contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Agresiones judiciales como las que sufren Edgar Terán y Fernando Balda, son inadmisibles. El primero, por haber opinado sobre este régimen y mostrar su preocupación ante una eventual condena internacional al Ecuador, si se admitiere las denunciadas vinculaciones de este gobierno con la narcocriminalidad. Nos avergüenza sólo narrarlo. ¿Qué ha hecho el gremio de abogados ?

El segundo, buscó y difundió ( o quizás recibió y difundió ) una información de interés público, sobre un asunto público de gran trascendencia e interés nacionales, discutida por funcionarios públicos y de la que se desprendería la posible comisión de graves infracciones penales que fueron tomadas a la ligera por nuestro Presidente. Balda ejerció legítimamente un derecho humano que ampara a su libertad de expresión. El Fiscal General ( ¿ cómo es que se llama ? ) no lo cree así. Cree que difundir indicios de un delito es lo delictivo ; cometer ese delito, no. Nada debe ofender a “su presidente” ,con quien se ha alineado y a quien comienza a emular en su vocabulario. Un asambleísta le definió como alcahuete político, con manifiesto eufemismo. Alcahuetería sería declarar una paternidad de última hora respecto de un proyecto totalitario y represivo de Ley de Comunicación, que no ha nacido del legislador sino del propio Gobierno. Su actitud es comparable con aquellas mujeres que prestan sus vientres para parir por cuenta de otros. Así se maneja el tema de los derechos humanos, hoy. El camino al infierno se ha adjudicado a dedo.