Este 10 de diciembre de 2008 se cumplieron 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para algunos es causa de celebración, para otros, muy internamente (no se atreverían a manifestarlo expresamente por cuestiones electorales), es una fecha insignificante, que conmemora la más absoluta demagogia: positivizar el derecho natural.

Estos políticos piensan que los Derechos Humanos solo aumentan los costos del ejercicio del poder, eludirán, a como dé lugar, las obligaciones estatales que de estos derechos se generan.

Un caso paradójico es el de los Estados Unidos de Norteamérica: invade países en nombre de los derechos humanos, pero son los más renuentes a suscribir y ratificar los instrumentos internacionales que regulan la materia. Qué interesante me resultó escuchar un debate entre los candidatos a la presidencia de EEUU, ambos - aunque muchos piensen lo contrario - representan el mismo modelo, pero con pequeñísimos matices diversos; ahora, en lo que sí coincidieron plenamente, fue en que los Organismos Internacionales son secundarios, la seguridad nacional de su país está por encima de todo, se habló de qué hacer con Irán, hasta de una segunda Guerra Fría, entre otros potenciales conflictos, independientemente del Consejo de Seguridad de la ONU.

En fin, los Derecho Humanos, como ya lo sostuve en un artículo anterior, de acuerdo a uno de los filósofos del derecho más destacados de nuestra región, fueron la invención más importante del siglo XX. Casi 20 años después de la Declaración Universal se elaboraron dos pactos internacionales de derechos humanos: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Esta distinción es, prima facie, de carácter ideológico, ya que, en la época en que fueron elaborados, el mundo estaba dividido en dos bloques antagónicos claramente definidos.

Por un lado el occidente liberal, liderado por los EEUU, que impulsó el (PIDCP), y por el otro, el bloque socialista oriental, encabezado por la URSS, que promovió el (PIDESC). Los primeros concebían un Estado mínimo, con funciones exclusivas de policía, comprometidos con las obligaciones estatales de abstención, para garantizar las libertades negativas; y, los segundos, defendían un Estado robusto, paternalista, planificador e interventor, con obligaciones de prestación, para satisfacer las libertades positivas.

Debe hacerse énfasis de cómo, en la misma ONU, al momento de decidir cuáles derechos iban a ser considerados como derechos humanos y, por ende, obligatorios para los Estados miembros, los factores políticos jugaron un factor más que relevante, siendo un episodio más de la Guerra Fría. Aunque el calificativo de “Fría” no guarda conformidad con la realidad, únicamente los países del primer mundo no tuvieron guerras dentro de sus territorios, sólo aquellos de la periferia (tercer mundo) vieron arder la lucha armada. Este tan agresivo conflicto desatado por las potencias imperiales, para decidir cuánto Estado era necesario, tuvo como resultado la división antes mencionada. No obstante, ni los derechos civiles y políticos pudieron frenar la brutal política de las dictaduras latinoamericanas (o democracia, caso ecuatoriano), ni las restauradas democracias han conseguido la depuración de sus sistemas políticos, mediante la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.