En una de mis lecturas encontré un argumento interesante, concerniente a políticas –altamente- redistributivas diseñadas, no para la consecución de la eficiencia, sino, más bien, para la creación de un orden más justo, donde todos –sin excepción- sean poseedores de un igual derecho a la igualdad estructural de oportunidades.

Recordemos que, para los fanáticos de algo así como un “derecho absoluto a la libertad” (libertarios conservadores de sus privilegios), toda política que suponga redistribución de riqueza es atentatoria de una concepción muy particular, por la apelación a juicios apriorísticos de la razón, de los derechos naturales.

El siguiente argumento trata sobre la educación, pero, a mi modo de ver, también puede aplicarse a todo tipo de bienes primarios (precondiciones del libre albedrío). ¿Cómo hablar de una voluntad consiente sin mínimos de educación y de salud?

En un célebre discurso ante la Cámara de los Comunes (Inglaterra) del año1847, Thomas Macaulay criticó a quienes aplicaban a las cuestiones políticas y morales principios que sólo son válidos cuando se aplican a cuestiones comerciales.

“Ellos dicen: Si la libre competencia es buena para los negocios tiene que ser buena para la educación. Dejemos que la provisión de otros bienes, azúcar, por ejemplo, se ajuste por sí misma a la demanda y la consecuencia es que tenemos una provisión mejor de azúcar que si el gobierno tuviere a su cargo proporcionarla. ¿Por qué tenemos que poner en duda que la provisión de instrucción será igual a la demanda, sin la intervención del Estado?

Nunca hubo una analogía más falsa. Una buena provisión de azúcar es algo que concierne a un hombre individual. Pero que se le provea instrucción es algo que concierne a sus vecinos y al Estado. Si no puede pagar el azúcar, pasará sin ella. Pero no es correcto que porque no pueda pagar por su instrucción, deba quedar sin ella.”

Uno de los más importantes filósofos del derecho de la actualidad, para muchos el más destacado, Ronald Dworkin, establece una marcada distinción entre objetivos o intereses colectivos que son agregativos de preferencias, de los derechos o principios fundamentales que son distributivos e individuales, antiutilitarios. En este sentido, cuando uno demuestra tener derecho a algo, significa que no importa el costo económico, social o político que represente para la colectividad, pues los derechos son cartas de triunfo, son Ases. El derecho a una óptima educación, gratuita para quienes carecen de dinero, se infiere del derecho moral a la igual consideración y respeto.