He querido, responsablemente, leer el nuevo proyecto de Constitución; para poder analizar imparcial y objetivamente su contenido, las circunstancias en que éste fue redactado, la técnica jurídica aplicada, así como la realidad nacional considerada y los principios filosóficos y doctrinarios plasmados en el mismo, para ponderar fundamentadamente los motivos de forma y de fondo por los cuales debería tomar mi decisión de apoyo o rechazo al proyecto de marras.

Sin tomar en consideración para este breve análisis temas importantes y delicados, pero a su vez muy debatidos ya, como el respeto a la vida desde la concepción, la unión de hecho entre personas del mismo sexo, la libertad excesiva para consumir drogas, entre otros; considero que la propuesta constitucional de Montecristi es más un plan o programa de acción de este gobierno y un mamotreto doctrinario, que una Constitución Normativa cuyo contenido e inspiración responda a directrices democráticas, advirtiendo en su lectura que tiene muchos más desaciertos y desatinos que cosas buenas.

Particularmente me parece bastante poética, con aires bucólicos, agrestes y con fuertes matices indigenistas incaicos que no responden a una realidad nacional, ofrece generosamente una retahíla casi interminable de nuevos derechos ciudadanos, bastante distintos y especiales, como el buen vivir (sumak kawsay), la soberanía alimentaria, la soberanía energética, el derecho a acceder salud y educación de calidad de manera gratuita y la novedosa concepción del agua como derecho.

De acuerdo con los cerebros de Montecristi, se ha procurado irreflexivamente un estado en extremo generoso, pues el proyecto de Constitución nos garantiza a todos los ecuatorianos, el derecho de no pago en hospitales, escuelas, colegios y universidades públicas, norma totalmente irresponsable, porque no tengo idea de donde saldrá el dinero para dotar de recursos humanos y materiales a escuelas, colegios y hospitales para que presten servicios de calidad de forma gratuita, aunque conste en la norma constitucional que se va a duplicar el presupuesto para educación y triplicar el destinado a salud, el mandato se vuelve ineficaz ante una realidad que sobrepasa cualquier deseo lírico de justicia social, pues la crisis económica y la detención paulatina del aparato productivo ecuatoriano no va a garantizar el desarrollo deseado.

Continúan los genios de Montecristi con temas tan absurdos, incomprensibles y en extremo abstractos, al definir al agua, por ejemplo, como un derecho de todos, ¿Es el agua un derecho o un bien al que todos los ecuatorianos tenemos derecho de acceder?

Según el proyecto constitucional todos tendremos derecho al agua para garantizar la vida, el riego de la tierra, quedando prohibido su privatización, su acaparamiento y monopolio, protegiéndose las fuentes de agua como un bien estratégico de todos los ecuatorianos, ¿pero a qué agua se referían los asambleístas? No me queda duda que a aquella que nos regala la Pachamama, la que encontramos libremente en el mar, ríos, lagos, pozos naturales y acequias de la patria de todos y que podemos consumir de manera gratuita, pero con bastante riesgo para nuestra salud, pues la que es óptima para el consumo humano supone un costo generado por un proceso de captación, purificación y distribución que constitucionalmente no podrá hacerlo ninguna institución privada y que siempre lo han hecho mal las instituciones públicas.

Y siguen con el seguro social solidario para todos, riqueza petrolera y minera para el pueblo, democracia y más democracia para todos, justicia gratuita, prohibición expresa de los procesos de privatización, ampliación de las áreas estratégicas del estado, inalienabilidad de los bienes y recursos naturales no renovables del Estado, prohibición de contratación con empresas transnacionales, voto optativo a los jóvenes desde los 16 años y a los militares y policías, establecimiento de la capacidad de los sectores populares para solicitar consulta popular y presentar proyectos de ley, vivienda con todos los servicios básicos de calidad y a tarifas accesibles garantizadas por el Estado, absorción por parte del ejecutivo del Banco Central y una cantidad de normas mas tendentes a obtener el control total.

En síntesis, una constitución que romántica y absurdamente se convierte en un instrumento inútil e inconsistente para sublimar la lucha de clases e imponer el socialismo del siglo XXI, pero que, en cambio, asegura la imposición de un sistema que no tiene otro propósito que el de establecer una nueva estructura de poder; unificado, concentrador e indivisible. Un sistema que tira a la basura la división tripartita de funciones de Montesquieu y elimina, a su vez, todo sistema de control político.

En conclusión, luego de mi lectura, bastante larga por cierto, he podido descubrir que el proyecto constitucional no es otra cosa que la imposición de un sistema nacionalista, autoritario, estatista y monopolista, que restringe enormemente la libertad individual y la iniciativa privada para la inversión y que concentra en el ejecutivo todos los poderes, un sistema mediante el cual entregaremos, con una simple raya en una papeleta, todos los poderes a una sola persona;

En una redacción alejada de la lógica y de todos los principios de Derecho Constitucional, este inmenso libro se convierte más un conjunto de leyes y reglamentos que en la declaración de nuestros derechos, obligaciones y principios básicos de convivencia nacional, repleta de leyes fundamentales con las cuales este gobierno dictatorial pretende disfrazar, sin mucho éxito, su autoritarismo;

Una constitución que permitirá regular el contenido de la información de los medios de comunicación; que crea un estado en donde no se garantiza la educación de forma libre sino subyugada al interés público; que otorga al Presidente de la República la facultad de disolver la Asamblea Nacional (nuevo nombre con el que se bautiza a un congreso en el que podrá sentarse cualquier ecuatoriano que sea mayor de edad) cuando a su juicio, ésta se hubiere arrogado funciones o si obstruye reiteradamente al Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna, es una burla al concepto de democracia.

Este proyecto permite la injerencia del ejecutivo en la gestión municipal metropolitana, pues sus alcaldes serán miembros de un gabinete territorial de consulta que será lo convocado periódicamente por el Presidente de la República, más aún, revela una reabsorción de competencias que ya habían sido descentralizadas, así por ejemplo tanto el Registro Civil como el Aeropuerto dependerán del Gobierno Central, perdiéndolas el Municipio de Guayaquil, solamente podrían acceder a otras competencias si el Gobierno se las otorga a través del sistema nacional de competencias.

Y, por último, es una norma bastante creativa, pero inaplicable, simplemente porque no refleja nuestra realidad política, social, ni económica, pues es intolerable para mi que se pretenda engañar una vez más a nuestro pueblo con la enunciación poética de tanta tontería, como si se pudiera comer, beber, trabajar, disfrutar de la vida y sus placeres, ser feliz y vivir bien por imposición constitucional, especialmente en un país que, como el Ecuador, este año reportará la cifra mas baja de crecimiento económico de la región, por segunda ocasión consecutiva, pero sin importar lo dicho, el proyecto se permite imponer al Estado el deber de producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos, que fácil.

Todo esto que parece poco, pero en realidad es una suma descomunal de errores, me obligan a decirle no rotundamente a este proyecto constitucional.

¿Por qué no? Porque está comprobado que la democracia es un proceso y no un destino, es una construcción lenta y compleja y estoy convencido que el estatismo y el totalitarismo son los métodos menos propicios para construir Democracia y porque el buen vivir no es patrimonio ni de los cubanos, ni de los venezolanos y mucho peor de los bolivianos, es patrimonio de aquellos pueblos que trabajan, donde no se habla de expropiación y se respeta la propiedad privada, se genera producción y trabajo y no se utilizan las dadivas, subsidios y bonos de miseria como arma política destinada a adormecer a un pueblo cada día más muerto de hambre.