Hace pocos días la Junta Cívica envió una comunicación a la Sra. Ministra de Salud, haciendo ver la imperiosa necesidad de darle atención y agilidad al programa PAP, que sirve a miles de personas de muy escasos recursos que no tienen la posibilidad económica para realizar un eficiente cuidado de su salud. De no atender oportunamente las dos observaciones realizadas, se corre el riesgo de desaparecer el programa de asistencia popular, perjudicando a quienes menos tienen, por el solo pecado de haberse radicado en Guayaquil.
Ojala que la Municipalidad de Guayaquil a través de su programa MAS SALUD, si es que el Gobierno desiste continuar con el plan de salud PAP, pueda atender a esta inmensa población, que no han nacido en Guayaquil, pero que de cualquier rincón de la Patria han emigrado a este pujante y hermoso puerto ecuatoriano, que les ha brindado su calor y solidaridad para acogerlos y darles la oportunidad de trabajar, oportunidad que no tuvieron en la Provincia y ciudad natal.
Parecería que la posición asumida por el Ministerio de Salud, obedece también, como las otras ordenes recibidas, a una orden superior, simplemente de no atender a los guayaquileños o guayasenses de escasos recursos, que son los beneficiarios del bono de solidaridad, que son los aportantes con un dólar al programa PAP. .
La Asamblea legislativa, el grupo de asambleístas de mayoría, paralelamente propone y aprueba que la informalidad en el trabajo es un derecho e invita a los trabajadores informales a invadir las calles de las ciudades, Guayaquil en especial, que tiene aproximadamente el 80% de su población de origen nacional, no necesariamente guayaquileños, para lo cual previamente al declarar la ilegalidad de la terciarización, en lugar de aplicar la ley a los que no la cumplen, deja en la desocupación a mas de 20.000 adultos con necesidad de trabajar, los que luego por necesidad se transformarían en informales.
Otra medida con dedicatoria para Guayaquil, surgida por orden superior, dedicada a Guayaquil.
Una mas, una vez mas, por orden superior el Banco Central elimina las partidas presupuestarias para el sostenimiento del Archivo histórico del Guayas, que orden mas absurda e insólita, querer destruir la historia, sin conocer que la historia de los pueblos y mas aun de los pueblos como el guayaco es indestructible, son años de vida de permanente acción, que encierra la lucha diaria de un pueblo que venció todas las adversidades que la naturaleza y el tiempo le pusieron por delante.
Otra vez será y debe ser la Municipalidad de Guayaquil, la que arrime el hombro y de su apoyo para que por orden superior no se quemen los archivos que recogen la historia de Guayaquil.
Será que acaso, que por orden superior, se quiere invertir el muy publicitado slogan del Gobierno de que “la patria ya es de todos” para transformarlo en “todos ya, en contra de Guayaquil” sin darse cuenta que todo ecuatoriano ama a Guayaquil, porque es parte de su Patria grande, de la que siempre ha recibido su solidaridad y apoyo.
La torpeza no crece, ni genera solidaridad, crea resistencia y genera desconfianza. Si Guayaquil resistió el embate de los siglos pasados, resistirá las órdenes superiores con que se quiere destruir el progreso y el desarrollo permanente y planificado de la ciudad.
Guayaquil por la Patria-con autonomía solidaria.
Me da tanta pena ver como un estúpido resentido, narcisista no mide las consecuencias de sus actos de odio contra una administración y una ciudad pujante como Guayaquil. Dado el objetivo de destruir la credibilidad de Guayaquil y sus instituciones, vale todo, que se jodan todos. Correa y su séquitos de idiotas merece todo nuestro repudio.
No nos desesperemos ecuatorianos y ecuatorianas, cualquier momento cae por el exceso de torpezas.
Mayra Camposano
Propietarios de quioscos y carretas de expendio de alimentos asentadas en aceras esquineras de la urbe se sienten afectados porque la Municipalidad de Guayaquil no les otorga el permiso de funcionamiento o cambio de lugar para trabajar. A pesar de cumplir con los requisitos y el trámite correspondiente, el Cabildo les pone trabas a cerca de 1.200 comerciantes, asegura Mónica Lucero Solórzano, presidenta de la Asociación de comerciantes expendedores de comidas, refrescos y frituras de la Provincia del Guayas. Uno de los casos es el de Édgar Sáenz Cedillo, dueño de una carreta de expendio de alimentos ubicada en ElÃas Jácome y Av. de las Américas, quien trabaja desde el 2006 sin el permiso municipal ya que, según las ordenanzas (artÃculo 46) expedidas en ese año, su negocio no puede estar frente a una entidad bancaria. Sáenz pidió el cambio a la esquina de Bolivia y Chile, pero después de aprobarle el trámite le dijeron que ya no podÃa ubicarse ahÃ, sin darle explicaciones o un documento legal que lo certifique. Según Sáenz, para mantener a su familia está obligado a trabajar sin el documento, a expensas de los delegados municipales a quienes les entrega hasta US$ 10 semanales para continuar trabajando en su puesto. Gustavo Zúñiga, director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales y quien dirije la Comisión de Reordenamiento Urbano, comenta que los permisos de funcionamiento actualizados no han sido entregados porque los vendedores no cumplen con todos los requisitos. Las obligaciones están estipuladas en la ordenanza (artÃculo 13) la cual no les permite renovar automáticamente el permiso como lo hacÃan hasta el 2005, asevera el funcionario municipal. Afirma que las correcciones toman tiempo y son por el reordenamiento que la ciudad tiene con la regeneración urbana, por lo que ahora tratan de ceder los puestos en la vÃa pública con equidad y sin algún tipo de favoritismos. Pero Lucero asegura que las prohibiciones solo afectan a sus representados porque, pese a las ordenanzas, la Fundación Siglo XXI instala quioscos frente a entidades bancarias, iglesias, estaciones de la metrovÃa, etc. Zúñiga reconoce que en los puestos de la fundación no pueden prohibir su funcionamiento debido a que estos fueron instalados mucho antes de la regeneración urbana. Marcos Pacheco, abogado de la DefensorÃa del Pueblo, asevera que si los comerciantes consideran que algún requisito es ilegal o inconstitucional tienen la potestad de invocar a una reforma. ?Existe una Ley que ampara a los comerciantes minoristas, y al igual que la constitución protege el derecho al trabajo?, aclara Pacheco, pero siempre sujetas a las regulaciones que emitan los municipios. La presidenta de la asociación dice que están dispuestos a tomar los quioscos de la fundación, si esa fuera la opción que les diera la Municipalidad de la ciudad.
Para el asambleÃsta Fernando Cordero (PAIS), miembro de la Mesa 4 de Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencias, la resolución del Concejo Cantonal de Guayaquil -difundida el jueves pasado- responde a una ?precipitada y desinformada campaña por el No?.
Según Cordero, el documento que rechaza y condena por centralistas, totalitaristas y contrarias a la autonomÃa las resoluciones que se han elaborado en la Asamblea Constituyente responden a un acto de ?mala fe? con el que se malinformó a los miembros del Concejo guayaquileño. ?El asambleÃsta Maruri tiene una grave responsabilidad porque prefirió estar en el fútbol y no estuvo presente en el pleno, entonces, seguramente quien lo informó, lo hizo mal?, replicó el representante de PAIS.
Además, manifiesta que el documento del Cabildo porteño comete un error imperdonable, puesto que en los 28 artÃculos aprobados en la Mesa 4, todavÃa no se trata el tema de las competencias de los distritos metropolitanos, ni de las regiones, cantones y parroquias. Tampoco se han abordado asuntos referentes al funcionamiento del régimen autónomo descentralizado.
Entre sus consideraciones, el documento difundido por el Concejo guayaquileño rechaza que ?una comunidad como Guayaquil, que tiene aproximadamente 2?500.000 habitantes no pueda ser autónoma, pero provincias que tienen una población 10 o 20 veces menor sà podrán serlo?.
Ante esto, Cordero explica que su Mesa plantea todo lo contrario, porque en los textos, aún no aprobados, se especifica que las dos ciudades más grandes y pobladas del paÃs (Quito y Guayaquil) ?tendrán exactamente las competencias que las convertirÃan, sin consulta previa, en regiones autonómicas del Ecuador?.
En cuanto al rechazo al planteamiento de la Mesa 7, que según el texto del Concejo, exige que se termine anticipadamente el contrato de concesión con Interagua, el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, expresó el jueves en su habitual rueda de prensa que el asunto aún está en debate. No obstante, al referirse al tema del agua fue claro en enfatizar que no se la debe privatizar, por lo que el Estado tendrá que regular sus formas de utilización. ?Habrá que usar mecanismos para que intervengan todas las instancias del Estado, gobiernos seccionales en particular?.
Respecto al rechazo al planteamiento de la Mesa 10, que elimina la autonomÃa de la Cómisión de Tránsito del Guayas (CTG), MarÃa Paula Romo lo desmiente y aclara que la competencia del transporte y tránsito se entregó al Municipio de Guayaquil, porque la Ley de Tránsito se lo ha dado a todos los cantones que superan los 150.000 habitantes. ?Nunca se ha tomado una medida más descentralizadora que esa?, agregó.
Romo indica que no le sorprende esta postura del alcalde Nebot, pues nunca le ha escuchado un comentario positivo respecto al nuestro trabajo.
?Nadie le está quitando nada a Guayaquil, ni en materia de agua?
La asambleÃsta por la RED, Martha Roldós, defendió la propuesta de los
miembros de la Mesa No. 7 en esa materia y puso reparos al manejo deficiente de la banca en el paÃs
El tema de la banca y el tema del agua cobraron fuerza este sábado en la sesión No. 56 del pleno de la Asamblea Constituyente. Para Martha Roldós la propuesta elaborada en la Mesa No. 7 va en la dirección de terminar con la que ha sido la imagen clásica de los bancos en el Ecuador.
Según la asambleÃsta, el sistema financiero ha funcionado como un embudo que ha tomado los fondos de los ahorristas, pero solo prestaba a unos pocos, a los vinculados. ?Esta ha sido la tragedia del sistema financiero en el Ecuador?.
Defendió el articulado propuesto por los miembros de la Mesa No. 7 que intenta enfrentar esa realidad del paÃs. Citó un caso propio en que se le negó un crédito para la compra de un vehÃculo, pese a presentar las garantÃas.
En el tema del agua, Roldós indicó que la propuesta no solo apunta a satisfacer las necesidades básicas, sino también a la realidad del riego en el Ecuador y que una de las demandas que más se repitió en las Mesas fue que el servicio no sea privatizado.
Criticó a quienes atacan a la Asamblea por decir que la propuesta va solo con dedicatoria a la empresa Interagua en Guayaquil.
?Interagua es una empresa privada que no ha aportado a la ciudad de Guayaquil, que ha usado fondos públicos, que ha usado los fondos que nos cobran para un servicio caro y malo?, según Roldós. Defendió lo que ocurre en Quito y Cuenca con empresas públicas.
Se mostró partidaria de recuperar una gestión pública y comunitaria del servicio de agua potable. ?Nadie le está quitando nada a Guayaquil en materia de agua. Queremos que los guayaquileños y que todos los ecuatorianos tengamos ese derecho al agua?.