A propósito del mes de festejos que vive mi lindo Guayaquil, es grato para muchos conocer felices noticias, en especial cuando ellas vienen bañadas de justicia.
Hace un par de semanas se resolvió en segunda instancia el polémico caso de un menor de edad con discapacidad, a quien se le negó el acceso a un seguro de salud privado en igualdad de condiciones por padecer una preexistencia. La sentencia declaró violentados los derechos constitucionales del menor por existir una clara discriminación al negarle el acceso a la salud. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Juez ordenó como medida compensatoria que “se repare integralmente el daño material e inmaterial causado por la vulneración de los derechos constitucionales”. La Reparación integral incluye entre otras: “la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción”, las disculpas públicas, la atención de salud, etc.
